El titular de la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) expresó su preocupación por la “ley mordaza”, un proyecto impulsado por el oficialismo boliviano que podría suprimir las garantías judiciales que hoy protegen al sector periodístico del país.
“Nos tiene muy preocupados porque vemos que en el fondo lo que se quiere hacer es suprimir la garantía de los tribunales de imprenta, y hacer que cualquier persona pueda ir directamente a los tribunales penales para perseguir en este caso a periodistas o medios independientes”, dijo en entrevista con CNN Jorge Carrasco, presidente de la ANP, entidad conformada por los principales medios impresos de Bolivia.
El artículo observado del anteproyecto de ley 305 de “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” es el 281, que menciona que serán sancionados con tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
No obstante, Carrasco descartó que se trate de un tema racial.
“El fin es lograr una autocensura, usar el ámbito penal para callar cualquier opinión diferente o que pueda incomodar al gobierno”, sostuvo.
Como ejemplo, se refirió a un caso de 2012 en el que un ministro abrió una causa directamente sin ir a los tribunales de imprenta, contra una agencia y dos periódicos alegando odio racial y discriminación, cuando los medios citaron a Evo Morales y fueron acusados de tergiversar sus declaraciones. “La causa fue hecha contra medios”, destacó.
“Al preocuparse en el tema de aumentar las penas, vemos el peligro de que se repita esta situación y ya no solo contra periodistas y medios sino cualquier persona que exprese ideas que sean incómodas”, advirtió Carrasco.
Según la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ese proyecto de norma trata de “coartar la libertad de prensa y amedrentar periodistas”, ya que “no pueden ser juzgados en tribunales ordinarios, sino por tribunales de imprenta” como indica la Ley de Imprenta.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó en una entrevista en la estatal Btv que la “libertad de prensa y de expresión” están aseguradas. “No se va a emitir una normativa que vaya a vulnerar la libertad de expresión, no va a emitir una normativa que vaya en contra de la Ley de Imprenta que está en completa vigencia”, sostuvo.
Ello luego de que las asociaciones de prensa se declaren “en emergencia” por el proyecto.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) explicó en un comunicado que con el “artículo “mordaza” 281 intentan “atemorizar” a los periodistas.
“No es que los periodistas estemos en contra de la lucha contra la discriminación y el racismo, porque además todo ello ya está establecido en la Constitución”, expresó el presidente de la APLP, Raúl Peñaranda. El problema es que “esas figuras son tan vagas que pueden ser utilizadas contra los periodistas, peor aun considerando que jueces y fiscales, son en los hechos, trabajan como si fueran funcionarios del Ejecutivo”, añadió.
(Con información de EFE)
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