La justicia de Ecuador ratificó la condena por corrupción a Rafael Correa: quedó inhabilitado definitivamente para participar en las elecciones

El ex mandatario, quien se había postulado como candidato a vicepresidente de la coalición UNES para los comicios de 2021, criticó duramente la medida: “No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular”, expresó

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Foto: EFE
El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Foto: EFE
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La justicia de Ecuador confirmó este lunes la condena por corrupción contra el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, inhabilitándolo de manera definitiva a participar de las elecciones presidenciales de 2021.

Correa criticó duramente la medida apenas esta tomó estado público: “Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, expresó en su cuenta de Twitter.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana rechazó con su veredicto la última instancia legal a la que Correa podía recurrir para que se anule la sentencia a 8 años de prisión en su contra, dictada en abril.

De esta manera, confirmó que el ex mandatario, procesado en ausencia al encontrarse este en Bélgica, recibió al igual que varios de sus colaboradores sobornos de distintas empresas a cambio de contratos públicos. La fiscalía lo acusó de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de USD 7,5 millones.

Entre ellas se encuentra la constructora brasileña Odebrecht, investigada en numerosos países latinoamericanos por haber incurrido en prácticas de esa naturaleza.

La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana anunció este lunes su decisión sobre la apelación del ex presidente Rafael Correa respecto de la sentencia por corrupción en su contra. Foto: EFE/ Corte Nacional de Justicia
La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana anunció este lunes su decisión sobre la apelación del ex presidente Rafael Correa respecto de la sentencia por corrupción en su contra. Foto: EFE/ Corte Nacional de Justicia

En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al ex mandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.

El expresidente, de 57 años y que gobernó Ecuador entre 2007-2017, fue también vinculado al caso por USD 6.000 que ingresaron a su cuenta bancaria y que, según él, fueron un préstamo de un fondo de su partido político, la izquierdista Alianza País. “Jamás he permitido un soborno. Es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí”, expresó Correa el viernes durante la audiencia, que se realizó mediante videoconferencia.

La condena trae aparejada la inhabilitación para postularse a cargos públicos de por vida. Ello efectivamente impide a Correa continuar con su postulación a vicepresidente por la coalición Unión Nacional por la Esperanza (UNES), en la que hubiera sido el compañero de fórmula del economista Andrés Arauz en las elecciones presidenciales de febrero de 2021.

La candidatura de Correa estaba en suspenso, dado que el CNE ecuatoriano no permitió que su hermana y representante legal lo registre en el país andino. Las autoridades justificaron su decisión en la necesidad de que hiciera el trámite de manera “personalísima” en base a una enmienda de 2012.

La sentencia inicial contra el ex mandatario fue dictada el 7 de abril. En ese momento los acusados, entre los que figura también el ex vicepresidente Jorge Glas, fueron encontrados culpables de cohecho agravado y condenados a 8 años de presión e inhabilitados políticamente por 25 años. El fallo indica a su vez que otros siete ex secretarios de Estado son también culpables del mismo delito.

Sobre Correa pesa otra orden de prisión en el marco de una causa por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser juzgado en ausencia.

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