El Comité de los Derechos del Niño denunció los altísimos niveles de violencia sexual contra niñas y jóvenes en El Salvador y el hecho de que en la mayoría los casos estos abusos quedan impunes.
Los pasados 18 y 19 de septiembre, El Salvador se sometió al escrutinio del Comité que vela por el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y este jueves este ente presentó las conclusiones de dicha evaluación.
El Comité mostró su "profunda preocupación por la excepcionalmente alta y creciente tasa de violencia sexual contra niñas", en el país centroamericano.
Los miembros del comité denunciaron que solo en los primeros ocho meses de 2017 se registraron 1.029 casos de violencia sexual contra niñas de entre 13 y 17 años, y que la violación fue el delito más repetido, con 769 casos.
En este sentido, la presidenta del Comité, Renate Winter, dijo que se han encontrado casos de niñas de "hasta diez años" que han sido violadas por miembros de las maras y que como consecuencia se han quedado embarazadas, "un tema, el de los embarazos de niñas como consecuencia de violación, que es un problema enorme".
Otro aspecto destacado por el Comité es que la "gran mayoría de los casos de violencia sexual contra niñas queda impune", y destacaron que el 90 por ciento de los abusos cometidos entre 2013 y 2016 no fueron sancionados.
Ante esta situación, el Comité pidió a El Salvador "que desarrolle e implemente los protocolos necesarios para que los trabajadores de la salud y las entidades policiales se aseguren que los casos de violaciones a niñas sean registrados, investigados, y los responsables procesados y debidamente sancionados".
En la misma línea, los miembros del Comité dicen estar "extremadamente preocupados por los altos niveles de embarazos adolescentes", en algunos casos por abusos cometidos en la propia familia, como destacó Winter, o por relaciones no protegidas.
En este sentido, los expertos destacan la falta de acceso a anticonceptivos y servicios de salud sexual para adolescentes y "los inadecuados servicios de salud mental para adolescentes embarazadas y madres púberes".
El Comité denunció "la insuficiente atención a los factores primigenios de los embarazos adolescentes como la pobreza, la exclusión, la discriminación y las normas patriarcales".
Asimismo, los expertos subrayaron la "limitada información" disponible para las adolescentes sobre las consecuencias del virus del Zika y "el inadecuado apoyo" a las madres con hijos nacidos con dolencias derivadas del contagio con la enfermedad.
Los miembros del Comité solicitaron en sus conclusiones la despenalización del aborto y el acceso a servicios de interrupción del embarazo para adolescentes.
Por otra parte, el Comité denunció los altísimos niveles de asesinatos y desapariciones de niños, "la mayoría de ellos cometidos por maras", y la alta impunidad en la que quedan estas crímenes.
En este sentido, los expertos denunciaron que se clasifique como terroristas a los miembros de las maras, lo que dificulta enormemente su rehabilitación.
Con información de EFE
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