Oposición y más de 200 organizaciones birmanas: "la lucha por la justicia continúa"

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(Actualiza con comunicado del Gobierno de Unidad Nacional)

Bangkok, 19 nov (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional de Birmania (NUG, por sus siglas en inglés), formado en parte por diputados depuestos tras el golpe de Estado de 2021, y más de 200 organizaciones civiles celebraron este martes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declaró a Birmania (Myanmar) responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, y afirmaron que "la lucha por la justicia continúa".

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"Hoy es un día importante para el pueblo rohinyá y para la búsqueda de justicia en Birmania", señala el comunicado, en el que el NUG, que se declara el poder legítimo del país, reclama "rendición de cuentas, protección para todas las comunidades y el desmantelamiento de las estructuras que facilitan la persecución y la impunidad".

"Instamos a la comunidad internacional a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la plena implementación de la sentencia", señala, por su parte, el comunicado firmado por 219 organizaciones del país, las cuales exigen "la responsabilidad penal para (el presidente golpista) Min Aung Hlaing y los líderes del ejército de Birmania".

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En 2017, las fuerzas armadas, lideradas por el entonces jefe del Ejército Min Aung Hlaing, lanzaron una brutal campaña militar que causó al menos 10.000 muertos y provocó la huida de más de 1,3 millones de personas a Bangladés, acciones por las que, por primera vez en la historia, la CIJ ha declarado a un Estado responsable de cometer genocidio.

La sentencia establece la responsabilidad internacional de Birmania como Estado, pero no dicta una condena penal individual para militares o dirigentes concretos, algo que la CIJ exige que haga la propia Birmania después de esta sentencia.

"El máximo tribunal del mundo ha confirmado lo que los supervivientes rohinyás han estado contando al mundo durante casi una década", dice el texto de las organizaciones, que indica que "la destrucción del pueblo rohinyá no fue una tragedia ni un exceso propio de la guerra; fue un genocidio, planificado y ejecutado por el Ejército de Birmania".

Los escritos insisten en que "la mayor parte de su comunidad sigue viviendo en el exilio y en condiciones de inseguridad fuera de su tierra natal", aunque también se enfrentan "a una violencia y persecución constantes dentro de Birmania".

Por ello, ambos comunicados interpelan a la comunidad internacional para "poner fin a décadas de barbarie contra el pueblo rohinyá y todos los pueblos de Birmania", actualmente sumida en una guerra civil agravada tras el golpe de Estado de 2021.

En este sentido, el NUG pidió poner fin la espiral "de violencia e impunidad", al recordar que "las comunidades en los estados y regiones de Rakhine, Chin, Kachin, Karenni, Kayin, Shan, Sagaing, Magway" también "siguen enfrentándose a ataques aéreos, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzados".

Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) aplaudieron este jueves el "histórico fallo" e indicaron que "sienta un precedente importante" para las víctimas de genocidio de otras partes del mundo, como "el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por el presunto genocidio contra los palestinos en Gaza", dijo AI.

Los jueces de la CJI determinaron que las pruebas demuestran "la intención de destruir a una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, según la convención internacional que prohíbe este crimen.