Lisboa, 19 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Portugal recomendó este jueves a la Policía de Seguridad Pública (PSP) que refuerce las garantías de que el uso de la fuerza sea necesario y proporcional, tras examinar el desalojo de una acampada por el derecho a la vivienda en el centro de Lisboa.
El informe de la Provedoria de Justiça, nombre oficial de la institución portuguesa, se refiere a la manifestación del 31 de octubre que transcurrió de la plaza de Luís de Camões a la del Rossio, donde los participantes terminaron instalando tiendas y permanecieron hasta la intervención policial de la madrugada del 1 de noviembre.
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El organismo examinó los medios empleados para dispersar a los manifestantes y los procedimientos aplicados a los detenidos en la comisaría de Martim Moniz. Entre las recomendaciones dirigidas a la dirección nacional de la PSP figuran reforzar la protección de las personas detenidas y mejorar el registro y la supervisión de las operaciones policiales.
La policía intervino aquella madrugada también en Oporto, donde retiró las tiendas de la plaza de Dom João I.
Las dos operaciones se saldaron con trece detenidos, seis en Lisboa y siete en Oporto, según el portavoz de la PSP. Los servicios de emergencias atendieron a veinticinco personas entre las dos ciudades, según el Instituto Nacional de Emergencia Médica. El informe divulgado este jueves se circunscribe a lo sucedido en Lisboa.
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En aquella ocasión, la PSP sostuvo que recurrió a la fuerza después de que manifestantes lanzaran pintura y petardos contra los agentes. Amnistía Internacional Portugal denunció ese día un "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" en las intervenciones de Lisboa y Oporto.
La Fiscalía portuguesa investiga por separado varias intervenciones policiales en las dos ciudades ocurridas entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre. La Procuraduría General de la República confirmó que el expediente de Oporto incluye el caso de un agente de paisano que exhibió un arma durante las protestas. EFE
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