Bruselas, 19 nov (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó definitivamente este jueves la legislación que garantizará los derechos de los adultos que necesitan protección o apoyo en situaciones transfronterizas, como la atención médica en el extranjero, la gestión de bienes o el traslado a otro país.
La normativa busca proteger los derechos de los adultos que ya no pueden tomar decisiones sin el apoyo de familiares o un tutor -por ejemplo, debido a enfermedades como el Alzheimer-, precisó el Consejo en un comunicado.
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No se aplicará, sin embargo, a los casos relacionados con matrimonios, sucesiones, seguridad social u obligaciones de manutención.
El reglamento garantizará el respeto de su derecho a la autonomía, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, al desplazarse dentro de la UE.
Las nuevas normas permitirán a las personas organizar su propia protección y apoyo en previsión de un momento en el que no puedan ocuparse de estos asuntos por sí mismas.
Determinarán, además, qué marco jurídico se aplicará a los asuntos transfronterizos, garantizando al mismo tiempo el respeto de sus decisiones.
También se introduce un certificado de apoyo y representación válido en toda la UE, que permitirá a los representantes de adultos que requieren protección acreditar su autorización para prestar dicho apoyo en otros Estados miembros.
Se expedirá de forma gratuita o a una tasa reducida y, siempre que sea posible, en formato digital.
Las medidas adoptadas en un Estado miembro de la UE no requerirán ningún procedimiento especial para ser reconocidas en otro, aunque los países podrán denegar el reconocimiento de una medida adoptada en otro si al adulto no se le concedió una audiencia genuina y efectiva.
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Estas reglas determinarán qué tribunal u otra autoridad es competente para dictar medidas de protección en un caso transfronterizo, qué ley se aplica y cómo se reconocen y ejecutan las decisiones o poderes de representación otorgados en el extranjero.
La normativa permitirá al adulto afectado elegir el tribunal que deba llevar el caso, siempre que exista una conexión entre la persona y esa corte.
El Consejo indicó que el texto se basa en el procedimiento previsto en el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Adultos, que vincula la jurisdicción a factores como la residencia habitual de la persona, la nacionalidad o el lugar donde tiene su propiedad.
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La normativa se publicará ahora en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después, aunque la mayor parte de las medidas comenzarán a aplicarse transcurridos 30 meses. EFE
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