Solo el 0,5 % de los nacionalizados por la ley de nietos en España podrán votar

Madrid, 28 oct (EFE).- Tan sólo 901 personas, de un total de 163.355 que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, han podido acreditar a tiempo que son descendientes de exiliados y podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en España.

El Gobierno español entregó este miércoles la lista solicitada por el Tribunal Supremo con la identidad de las 163.355 personas nacionalizadas por la ley de nietos, una disposición de la Ley de Memoria Histórica que permite optar a la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual.

A primeros de septiembre, el Supremo dejó en suspenso provisionalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, votantes españoles en el extranjero) hasta que los consulados acreditasen que los nacionalizados por la ley de nietos cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas y otras.

Y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo reclamó el pasado viernes al Gobierno la relación nominal de las personas afectadas por la suspensión del derecho al voto inscritas en el CERA, que debía entregar este miércoles, con la advertencia de multas o deducción de testimonio en caso de incumplimiento.

Fuentes del Ministerio de Justicia informaron de que se ha cumplido el plazo y se ha facilitado la relación con nombre y apellidos de los 163.355 afectados, si bien lamentan que "buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto".

En realidad casi ninguno podrá votar, ya que fuentes de Exteriores informan a EFE de que los consulados tan solo han expedido 901 certificados de personas que han acreditado ser hijos o nietos de exiliados españoles, la condición que puso el Supremo para ejercer el derecho al sufragio en las próximas elecciones.

El Supremo aplicó esta suspensión cautelar en respuesta a un recurso de Iustitia Europa y el partido de ultraderecha Vox contra una instrucción del Gobierno que "presumía" la condición de exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco, con lo que no era necesario probarlo mediante documentos para acogerse a la ley de nietos.

Por su parte, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) denunció la dejación del Ministerio de Exteriores y la "falta de apoyo" a los cónsules para cumplir con el requerimiento del Supremo de identificar a todos los nacionalizados por la ley de nietos y con el derecho a voto suspendido.

En un comunicado de la asociación, defienden que los cónsules han tramitado las solicitudes de nacionalidad en el marco de la ley de nietos conforme al conjunto de las instrucciones dictadas por las autoridades, a pesar de que la red consular "se encuentra gravemente desatendida" en lo que se refiere a medios humanos y técnicos, de infraestructuras o seguridad en el trabajo.

Hasta el último momento, según la versión de los diplomáticos, el Ministerio de Exteriores no reforzó las plantillas y tampoco disponen de la herramienta informática anunciada para incorporar los expedientes revisados, sino tan sólo "una alternativa rudimentaria y poco eficiente".

El Supremo tiene que pronunciarse aún sobre las últimas peticiones de medidas cautelarísimas, sin oír a las partes, instadas por la formación política Iustitia Europa.

En concreto, la formación ha pedido que se extienda la suspensión del derecho al voto a los hijos e hijas de quienes previamente accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos.

Y que haga lo mismo con todas las personas que fueron inicialmente incorporadas al CERA, pero posteriormente trasladaron su residencia a España, causaron baja como residentes en el extranjero y pasaron al censo nacional. EFE