São Paulo, 22 oct (EFE).- El próximo presidente de Brasil, sea el opositor Flávio Bolsonaro o el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, afrontará el desafío de sanear las cuentas públicas en un contexto de creciente endeudamiento público.
Cómo frenar el endeudamiento, bajar los intereses y encarar una reforma laboral y reconducir la relación comercial con Estados Unidos son algunos de los retos económicos para el próximo Gobierno de Brasil, que se definirá en la segunda vuelta electoral de este domingo.
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1. Freno al endeudamiento
El déficit fiscal llega al 9,48 % del PIB y la deuda pública, al 82,9 %. Ambos indicadores están en senda ascendente y suponen la principal amenaza para las cuentas públicas.
Ambos candidatos prometen rigor fiscal a partir de 2027, aunque ninguno explica al detalle sus planes, que son contrapuestos.
Lula aboga por una receta desarrollista: inversión pública para impulsar el crecimiento económico y, como consecuencia, generar un aumento de la recaudación que permita mantener las políticas sociales, pieza fundamental de su plan de Gobierno.
En cambio, Bolsonaro propone un "tijeretazo" de 200.000 millones de reales (unos 40.000 millones de dólares) en el gasto público, equivalente al 3 % del presupuesto del Estado para 2026. Jura que el ajuste no se hará a costas de los programas sociales.
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Lo que si es seguro en el plan de Bolsonaro es que contempla la desaparición de al menos diez ministerios y el adelgazamiento de la maquinaria pública.
2. Los tipos de interés en las alturas
Los tipos de interés están en el 13,75 % y preocupan tanto a la izquierda como a la derecha por su efecto en el deterioro del déficit fiscal, por el freno que suponen para la inversión y su influencia negativa en el endeudamiento de las familias.
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El Banco Central ha moderado ligeramente los tipos, pero la preocupación por la inflación (4,58 % interanual), en un contexto de precios altos de los combustibles, ha impedido que la política monetaria se relaje con mayor celeridad.
Brasil estrenará en 2027 un nuevo impuesto indirecto creado para simplificar el sistema tributario y aumentar la recaudación. El IVA debería rondar el 28 %, según cálculos preliminares del Gobierno de Lula, pero la tasa oficial aún no ha sido anunciada.
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Bolsonaro ha propuesto una "revisión" de la reforma tributaria aprobada por ley el año pasado y un IVA menor. También pretende eliminar por decreto centenares de tasas y normativas que, según él, "asfixian" a los emprendedores.
Brasil está en medio de negociaciones con Estados Unidos, su segundo socio comercial, para revertir los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, que en gran medida se han justificado por motivos políticos.
Bolsonaro, alineado políticamente con el republicano, dice que podrá llegar a un acuerdo más fácilmente que el actual gobernante; Lula advierte que su rival sería "entreguista".
El Congreso Nacional aprobó la semana pasada una reforma laboral para rebajar la jornada de 44 a 40 horas semanales.
La puesta en marcha de la reforma, que entra en vigor en diciembre, supondrá un reto para varios sectores económicos, que alertan del riesgo de que cause un aumento de la inflación, o del desempleo.
De forma paralela, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro ha planteado la posibilidad de legislar la introducción de un nuevo modelo de contrato flexible, que permita la contratación de trabajadores sin un mínimo de horas trabajadas. La propuesta ha causado el rechazo en los sindicatos.
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Brasil atesora la segunda reserva mundial de minerales críticos, pero la industria está en pañales. Ambos candidatos aseguran que su prioridad es potenciar una industria minera nacional que genere una cadena de valor en el país.
Bolsonaro se enfoca en la necesidad de acelerar las inversiones por medio de acuerdos con empresas privadas extranjeras y Lula pone el acento en el control nacional de las riquezas mineras.
En el capítulo petrolero, ambos candidatos apoyan las inversiones en producción de crudo y en refino, pero hay propuestas que los separan.
Bolsonaro propone permitir la fracturación hidráulica para extraer petróleo no convencional. Lula quiere que Petrobras vuelva a poseer una red de gasolineras, para que el Gobierno controle los precios.
Algunas empresas estatales se han vuelto en un quebradero de cabeza para el Gobierno. Correos, al borde de la quiebra, es el gran ejemplo.
Lula aboga por mantener estas empresas y sanear sus cuentas, mientras que Bolsonaro propone privatizar o cerrar las que no considera esenciales.
Decenas de ellas están en la mira, aunque asegura que la petrolera Petrobras y el banco Caixa seguirán siendo públicas.EFE
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