Gobierno español ve difícil revisar para el 29N todos los expedientes de la ley de nietos

Madrid, 19 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ve difícil que los consulados puedan revisar todos los expedientes de los alrededor de 163.000 españoles afectados por la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo en relación con la ley de nietos para que puedan votar el 29 de noviembre (29N): "Nadie está obligado a lo imposible".

Según explicó en la cadena Telecinco, los consulados están poniendo "todos los medios", pero será complicado evaluarlos a tiempo.

Desde el mismo día en el que el Supremo ordenó la suspensión cautelar del derecho a voto de estos españoles, su ministerio envió un telegrama para que todos los consulados se pusieran a trabajar en ello, se anularon los permisos de los cónsules y se les pidió que destinaran el personal necesario a esta tarea "urgente y prioritaria", apuntó.

Además, se ha creado una herramienta informática para ir volcando los datos y que los vaya teniendo la Oficina del Censo Electoral, señaló Albares, confirmando que los datos de 2025 y 2026 ya están volcados porque se puso en marcha hace un tiempo la digitalización de los consulados, pero los años anteriores hay que hacerlo manualmente.

El ministro acusó al conservador Partido Popular y al ultraderechista Vox de lanzar una campaña de "insidia" contra los cónsules, poniendo en juego su honorabilidad y profesionalidad, y les exigió que la detengan.

El pasado 12 de octubre, el Alto Tribunal decidió en dos autos mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, lo que afecta a esos cerca de 163.000 españoles que no podrán votar en las elecciones generales salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

Esta medida estaba vigente desde el 10 de septiembre, pero la convocatoria de elecciones llevó al Supremo a deliberar sobre el caso para acordar el mantenimiento de la suspensión.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo, que declare la nulidad de los autos del Supremo. Según argumentó, se vulneran tres derechos fundamentales: el derecho a la participación política y al voto, el derecho de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva. EFE