La Fiscalía española pide que se permita votar a los nacionalizados por la ley de nietos

Madrid, 9 oct (EFE).- La Fiscalía española ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de las personas que fueron nacionalizadas en virtud de una regulación gubernamental conocida como 'ley de nietos' sobre los descendientes de exiliados españoles.

El Ministerio Público también pide que se permita a los afectados personarse en el procedimiento judicial para que puedan defender sus intereses, informaron fuentes fiscales este viernes, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales, previstas para 2027, pero adelantadas al 29 de noviembre próximo.

Solicita también al tribunal que renuncie a la revisión de los 170.000 expedientes de nacionalidad que están en cuestión, al menos durante este proceso electoral.

A primeros de septiembre, el TS dejó en suspenso provisionalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (votantes españoles en el extranjero) hasta que los consulados acreditasen que los nacionalizados por esa vía cumplen la condición de ser descendientes de españoles exiliados por razones políticas y otras.

Admitió así parcialmente sendos recursos del movimiento político Iustitia Europa y del partido Vox (extrema derecha).

El Supremo dio de plazo a las partes hasta este jueves para que presentaran alegaciones, y prevé resolver este mismo fin de semana, dado que el censo electoral se cierra el lunes próximo, informaron a EFE fuentes jurídicas.

La Abogacía del Estado también advirtió de que el adelanto electoral ha acrecentado aún más la "imposibilidad material" de revisar los expedientes a los que afecta la suspensión dictada por el Supremo, para lo que se había dado de plazo hasta el 1 de enero.

A su vez, Iustitia Europa pidió al TS suspender las elecciones generales "durante el periodo constitucionalmente disponible y estrictamente indispensable" para ejecutar la medida cautelar de revisión de expedientes.

Una disposición de la Ley de Memoria Democrática permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española siempre que acrediten haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

No obstante, una semana después de entrar en vigor, en octubre de 2022, el Gobierno aprobó una instrucción para indicar que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, dieciséis años después de terminar el conflicto y ya en plena dictadura del general Francisco Franco.

Este asunto ha generado una fuerte polémica en España, pues los conservadores acusan al Ejecutivo de "ingeniería electoral" y "fabricar votantes" con esa regulación gubernamental cuando se trate de descendientes de españoles emigrados en ese periodo, pero no por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Vox denunció que era un intento del Gobierno de "alterar" el censo y de "pucherazo" electoral, algo negado rotundamente por el Ejecutivo, formado por el Partido Socialista y Sumar (izquierda). EFE