Ciudad de México, 2 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) señaló este viernes que la indagatoria en contra de Ernesto Ruffo, exgobernador del estado de Baja California (1989-1995) acusado de contrabando de combustible, cuenta con "datos de prueba sólidos".
Entre ellos, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, con los cuales logrará establecer ante el juez que, como accionista y secretario del consejo de administración de la empresa Ingemar, Ruffo "habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad", agregó la institución en un comunicado.
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Ruffo, de 74 años y miembro del opositor Partido Acción Nacional (PAN), está siendo procesado penalmente en México acusado de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Esto luego de que la FGR lo señalara como parte de una estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos mediante empresas vinculadas con la importación de petrolíferos.
Según la investigación, la red trasladaba combustible en ferrotanques cuyos volúmenes eran declarados ante las autoridades por debajo de las cantidades realmente transportadas, un esquema conocido en México como 'huachicol fiscal', utilizado para evadir el pago de impuestos.
En el texto, la FGR aseguró que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada "permitieron identificar una red de contrabando de combustible", la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones.
Expuso que la citada empresa, vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, "presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales".
Ademas, dijo, que en entrevistas Ruffo ha reconocido tener 49 % de las acciones de la empresa señalada y tener conocimiento, cuando menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidad de 30.000, 40.000, 110.000 y 112.000 litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de 10.000 litros.
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El pasado lunes, Ruffo llegó a Ensenada (Baja California) donde continuará su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenada para cumplirse en su domicilio por razones humanitarias.
Una jueza autorizó hace una semana que continúe en su domicilio la prisión preventiva que cumple desde julio, tras considerar los argumentos de su defensa relacionados con su edad y estado de salud. La resolución no implica su libertad ni modifica su proceso penal.
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El exgobernador fue detenido el 16 de julio en Ensenada y una semana después quedó vinculado a proceso. La defensa reconoce que posee una participación accionaria en Ingemar, empresa situada en el centro de la investigación, pero niega que tuviera funciones operativas o de dirección.
Ruffo gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer político opositor en seis décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ganar una gobernación en México. EFE
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