La oposición venezolana denuncia la detención de un exalcalde que regresó del exilio

Caracas, 17 sep (EFE).- La oposición de Venezuela denunció este jueves la detención del exalcalde Javier Oropeza, quien regresó esta semana a su país luego de dos años exiliado en España y que recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa en su contra.

La denunciada detención se produce el mismo día en que comienza el segundo ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el Gobierno venezolano y un grupo de exdiputados opositores para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señaló en X que el activista del estado Lara (oeste) fue detenido en la sede del diario El Informador, en Barquisimeto, capital de esa región.

"El exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación", escribió la PUD.

En la misma red social, partidos como Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela (VV), este último liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, exigieron información sobre el paradero del exalcalde del municipio Torres (Lara) y su liberación.

El Comité de Derechos Humanos de VV indicó que Oropeza fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional, por lo que alertó de que "la persecución en Venezuela continúa, en manos de Delcy Rodríguez", la presidenta encargada del país suramericano.

Dirigentes opositores como los exdiputados Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se acercaron a la sede de la DIP en Barquisimeto para exigir respuestas, según un vídeo publicado en X por VP.

El miércoles, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto".

En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

Según la misión, leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los grupos conocidos como "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia.

El pasado mayo, el opositor Yoel Sucre, un activista del partido de María Corina Machado, fue detenido y excarcelado tres días después bajo régimen de presentación cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan).

El partido denunció entonces que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada. EFE