Montevideo, 24 ago (EFE).- La oposición uruguaya denunciará penalmente a la ministra de Defensa Nacional del país suramericano, Sandra Lazo, por su responsabilidad en el proceso de rescisión del contrato con el astillero español Cardama.
Así lo anunciaron este lunes los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente que trabajaron en una comisión investigadora bicameral en la Asamblea General para esclarecer los detalles del fallido acuerdo entre Uruguay y la empresa española para la adquisición de patrullas oceánicas.
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"Vamos a ir a la justicia penal y presentar una denuncia que está siendo redactada en estas horas y que esta semana va a quedar pronta", dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala y añadió que esta es por un supuesto "delito de abuso de funciones" por parte de la titular de la cartera, a quien identifican como responsable políticamente en "una operación que empieza con el mismo Gobierno".
El diputado del Partido Colorado Maximiliano Campo aseguró que el Gobierno encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou concretó esta compra con el fin de "cuidar el mar territorial a través de lo que el Estado podía pagar, en el menor plazo posible y cuidar los dineros públicos" y que la rescisión de este acuerdo "obedece a una maniobra política de muy mala fe que le va a traer perjuicio al Uruguay".
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"Diez meses después de que anunciaran la recesión seguimos sin saber cuándo y a qué costo vamos a tener patrulleras y seguimos cada vez más sospechando que lo que estuvo detrás de esta maniobra fue la de satisfacer intereses políticos menores y mezquinos", dijo por su parte el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo.
Mientras tanto, el oficialista Frente Amplio anunció la identificación de hechos con apariencia delictiva en el proceso de adquisición de las patrullas.
Esta fuerza política entiende que la empresa cometió fraude, pero que estos hechos "no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso".
El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.
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Desde Vigo, Cardama negó entonces haber cometido fraude alguno y sostuvo que las garantías fueron presentadas, aceptadas y renovadas conforme al contrato.
La compañía defendió que cumplió sus obligaciones contractuales, afirmó que la construcción de las patrulleras estaba en marcha y manifestó su disposición a sustituir la garantía si fuera necesario. EFE
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