El Gobierno presenta enmiendas a Ley del Cine sobre violencia sexual, lenguas cooficiales y transparencia de plataformas

Los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar han registrado una batería de enmiendas conjuntas al proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, actualmente en tramitación en el Congreso, con propuestas para reforzar el apoyo a las salas de exhibición en el medio rural, impulsar la producción en lenguas cooficiales, incorporar medidas contra las violencias sexuales en el sector y regular con mayor detalle las obligaciones de transparencia de las plataformas audiovisuales.

Las enmiendas forman parte de las 463 propuestas de modificación presentadas por el conjunto de los grupos parlamentarios al proyecto legislativo impulsado por el Ministerio de Cultura. Uno de los temas más polémicos ha sido la definición de productor independiente que abordan formaciones como Podemos o Bildu.

Entre las principales novedades planteadas por los socios del Gobierno figura la creación de una nueva línea de ayudas para salas y redes de exhibición cinematográfica ubicadas en entornos rurales, en el marco de las políticas contra la despoblación. El objetivo, según justifican, es "garantizar la equidad territorial en el acceso a la cultura cinematográfica".

Asimismo, PSOE y Sumar proponen que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) "favorecerá la adopción de medidas para la prevención, detección y erradicación de las violencias sexuales". Otra de las enmiendas añade el compromiso de promover la diversidad lingüística mediante medidas de apoyo a la producción audiovisual en las lenguas oficiales distintas del castellano y en aquellas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas.

En esa línea, plantean modificar el fondo destinado al fomento de la cinematografía en lenguas cooficiales para garantizar que ninguna comunidad autónoma reciba menos del 5% de la dotación total y reservar también un mínimo del 5% para proyectos realizados en lenguas reconocidas estatutariamente, como el asturiano o el aragonés.

Las enmiendas también introducen cambios relevantes en materia de transparencia y acceso a datos de visionado. PSOE y Sumar proponen que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual estén obligados a facilitar información sobre audiencia y visionados de las obras que ofrecen, aunque remiten el desarrollo concreto de esta obligación a una futura regulación reglamentaria.

La propuesta contempla que la aplicación de estas exigencias tenga en cuenta factores como la naturaleza del servicio, su volumen de negocio, ámbito territorial o dimensión internacional, además de prever posibles excepciones para garantizar la proporcionalidad de la medida.

Además, los grupos plantean retrasar la entrada en vigor de esta obligación hasta un año después de la aprobación de la normativa reglamentaria que la desarrolle, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los operadores afectados.

Por su parte, las enmiendas en solitario del PSOE piden un blindaje frente al avance tecnológico, instando al ICAA a promover la autorregulación con "especial atención a salvaguardar que la IA no sustituya ni desplace la intervención de las personas en la creación audiovisual". Asimismo, en materia de igualdad, el PSOE endurece el texto original y propone elevar del 30% al 35% la cuota mínima obligatoria de reserva para proyectos que busquen salvar la brecha de género.

Además, los socialistas modifican los requisitos de nacionalidad de las obras para eliminar la obligatoriedad de que se realicen preferentemente en lenguas oficiales del Estado, evitando así una doble penalización, dado que la norma ya contempla una minoración directa de hasta el 15 por ciento de la ayuda económica si no se cumple este criterio lingüístico.

Por último, el PSOE esquiva reabrir la polémica sobre la definición general de productora independiente -uno de los puntos más debatidos por el sector frente a las plataformas de streaming-, pero introduce blindajes específicos para estas empresas. Así, las enmiendas exigen que las ayudas de desarrollo ligadas a un guion subvencionado obliguen a la productora a contratar al autor original y garantizan que las ayudas a la modernización de los cines se dirijan "especialmente a las salas de exhibición independientes".

El PP: PROPIEDAD INTELECTUAL Y AYUDAS RESTRINGIDAS A MUJERES

Mientras, el Partido Popular ha presentado un paquete de enmiendas entre las que propone vincular el concepto de "productora" a la persona física o jurídica "definida" en el artículo 120.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, exigiendo por ley que sea la entidad la que asuma la iniciativa y responsabilidad de la producción de la obra audiovisual y "a la que corresponden los derechos" que detalla dicha norma.

En esta misma línea, los populares añaden una enmienda para exigir que, para acceder a las ayudas a la producción, las empresas deban ser obligatoriamente titulares de los derechos de propiedad intelectual necesarios para la explotación de las obras. Otra de las novedades más llamativas de la formación es la propuesta de recuperar el rendimiento comercial como baremo para la financiación pública.

El PP ha introducido una enmienda (Artículo 19.7 bis) para que en la concesión de ayudas a la producción "se pueda tener en cuenta el criterio de taquilla de años anteriores", abriendo la puerta a premiar el éxito previo de público de las productoras. Asimismo, en materia fiscal y contable, el principal partido de la oposición exige al ICAA la elaboración de una norma específica que "unifique el tratamiento del coste de producción a partir del coste contable", buscando simplificar y dar homogeneidad a los gastos imputables de las películas y los incentivos fiscales.

En el plano lingüístico, el PP exige sustituir la fórmula genérica del Ejecutivo que dice "en lenguas oficiales y en lenguas reconocidas estatutariamente de las comunidades autónomas", por lo que los 'populares', piden agregar "en castellano" al inicio del texto.

En materia de igualdad, el PP introduce un matiz de calado técnico y político al desmarcarse de las fórmulas generales del PSOE. La oposición eleva de forma específica al 35% la reserva de crédito anual dentro de las ayudas a la producción, pero restringiéndolo "exclusivamente a los proyectos realizados por directoras" y obligando a una revisión anual de este porcentaje según su cumplimiento.

Por último, los populares proponen otorgar un estatuto propio a la Filmoteca Española para reforzar su autonomía organizativa y económica, e introducen la obligación legal de que este organismo adopte iniciativas específicas destinadas a "visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico español".