
La Comisión Europea ha pedido este miércoles revisar de nuevo los mandatos de las agencias de cooperación policial y judicial de la Unión Europea, Europol y Eurojust, para asegurar que tendrán más poderes y medios en los próximos años para luchar contra nuevas formas de delitos y terrorismo, incluido el cibercrimen, la elusión de sanciones europeas o la violencia de género.
El objetivo es "reforzar la capacidad de la UE para proteger a los ciudadanos en un entorno de seguridad cada vez más complejo y en rápida evolución", ha argumentado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa acompañada por los comisarios de Interior, Magnus Brunner, y de Justicia, Michael McGrath.
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Bruselas alerta así de que el crimen organizado es cada vez más "sofisticado, digital y transnacional", lo que obliga a la Unión a tomar medidas par adaptarse y garantizar que tanto Europol como Eurojust están "equipadas para seguir el ritmo de las amenazas cambiantes", según ha apuntado McGrath.
Así las cosas, la propuesta para revisar los poderes de las dos agencias pasa por asegurar mayores recursos y apoyo operativo, no sólo con más fondos y personal, sino también dejando que Eurojust, por ejemplo, pueda actuar por iniciativa propia para identificar vínculos entre casos, anticipar y decidir sobre la necesidad de coordinación, ayudar a resolver problemas de jurisdicción o apoyar a las autoridades nacionales en una fase temprana del proceso.
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La reforma --que deberá ahora ser negociada por el Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para adoptar su forma definitiva-- plantea también reforzar la participación de Eurojust en ámbitos emergentes de delincuencia, como la ciberdelincuencia, las violaciones de las medidas restrictivas de la UE o la violencia de género.
Bruselas quiere también que Eurojust mejore y refuerce su cooperación con Europol y la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), por ejemplo mediante un nuevo sistema de información que permitirá identificar fácilmente la información y los casos pertinentes tanto para Eurojust como para Europol.
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Otra de las claves para los servicios comunitarios es "flexibilizar" la cooperación con terceros países y permitir reforzar el compromiso, por ejemplo enviando fiscales de enlace en comisión de servicios a Eurojust.
Por otro lado, la Comisión defiende una revisión de la orden europea de investigación, un procedimiento rápido y normalizado para la obtención transfronteriza de pruebas de otros Estados miembro en materia penal. El objetivo es aclarar los procedimientos y reducir papeleo y problemas operativos para facilitar su aplicación.
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También introduce una nueva orden europea de participación a distancia para permitir a los sospechosos, acusados y víctimas participar a distancia en las audiencias judiciales penales de un Estado miembro diferente.
Finalmente, Bruselas aboga por actualizar el Reglamento sobre protección de datos de las instituciones y organismos de la Unión, con el objetivo de permitir una cooperación más eficaz entre las instituciones y órganos de justicia penal de la UE, en particular ampliándolo a la Fiscalía Europea.
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