CERMI pide incluir la discapacidad en las estatísticas oficiales para hacer más visible las realidades sociales

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado que la futura reforma de la Ley de la Función Estadística Pública incorpore de forma obligatoria la variable de discapacidad en las estadísticas oficiales del Estado, con el fin de hacer visibles las realidades sociales de las personas con discapacidad y mejorar las políticas públicas de inclusión y derechos.

Así lo ha planteado el CERMI en sus aportaciones remitidas al Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco de la consulta pública previa abierta por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre el anteproyecto de modificación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

La entidad considera que la actual situación presenta "un déficit estructural incompatible" con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, debido a la persistente invisibilidad estadística de este sector social.

En este sentido, el CERMI ha denunciado la ausencia de la discapacidad como variable transversal de desagregación en operaciones clave del Plan Estadístico Nacional y ha reclamado que las estadísticas públicas incluyan sistemáticamente datos desglosados por discapacidad, sexo y edad, conforme a estándares internacionales como el conjunto breve de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad.

La plataforma social de la discapacidad subraya que "sin datos adecuados, desagregados y accesibles, los poderes públicos carecen del conocimiento necesario para formular políticas eficaces, evaluar su impacto y rendir cuentas", por lo que la invisibilidad estadística constituye una barrera estructural para la inclusión social.

Entre las propuestas concretas formuladas por el CERMI figura también la creación de un programa estadístico específico sobre discapacidad dentro del Plan Estadístico Nacional, que contemple, entre otras medidas, reducir la periodicidad de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), incorporar indicadores anuales sobre empleo, educación inclusiva, accesibilidad, salud o vivienda, y aprovechar plenamente la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad.

Asimismo, el CERMI ha solicitado que las publicaciones estadísticas del INE sean plenamente accesibles, incorporando lectura fácil, lengua de signos española, subtitulado, audiodescripción y cumplimiento de los estándares internacionales de accesibilidad web.

La organización también ha pedido una presencia directa del movimiento social de la discapacidad en el Consejo Superior de Estadística, órgano consultivo del sistema estadístico estatal, en coherencia con el nuevo artículo 49 de la Constitución Española y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En relación con la protección de datos, la organización ha adviertido de que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) "no puede utilizarse como argumento genérico para impedir la producción de estadísticas desagregadas sobre discapacidad", recordando que la normativa europea permite el tratamiento de estos datos con fines estadísticos siempre que existan garantías suficientes de anonimización y secreto estadístico.

Finalmente, el CERMI ha reiterado su disposición a colaborar técnica e institucionalmente en la reforma legislativa para lograr que la función estadística pública "se convierta en un verdadero instrumento al servicio de los derechos, la igualdad y la inclusión social de las personas con discapacidad".

IA Y DISCAPACIDAD

Por otra parte, el Cermi ha presentado el informe 'DiscapacIA' sobre inteligencia artificial y derechos de las personas con discapacidad en el que se pone el foco en el momento regulalatorio sobre la IA que atraviesa Europa que "econstituye una ventana histórica de oportunidad que exige intervención inmediata".

Para la entidad social se trata de "un punto de inflexión exacto donde la gobernanza tecnológica y los derechos humanos deben converger de forma vinculante". En su opinión, "la discriminación algorítmica sobre las personas con discapacidad es una exclusión institucionalizada que está ocurriendo hoy en todos los sectores documentados".

El Cermi insta a actuar porque, en a su juicio, "el coste de la inacción es verificable y estructuralmente regresivo para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".