Ayuntamiento de Huelva formaliza recurso tras la inadmisión de su personación en la causa por Adamuz

El recurso presentado se dirige a revertir la exclusión de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría como partes en la causa judicial por el accidente de Adamuz, una decisión tomada tras el auto emitido el 27 de marzo por la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro. El accidente, ocurrido en Córdoba, provocó la muerte de 46 personas, de las cuales 28 eran originarias de la provincia de Huelva, según informó el medio local citado por los portavoces municipales.

De acuerdo con lo consignado este miércoles por el Ayuntamiento de Huelva y reportó la prensa, los servicios jurídicos municipales ya han remitido el recurso a la procuradora. El procedimiento se dirige contra la inadmisión de la personación de ambas corporaciones municipales como acusación popular en el caso, tras una resolución judicial que consideró que ambas carecen de legitimación para el ejercicio de dicha acción. El argumento para insistir en la personación, explicó el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, reside tanto en el mandato plenario del municipio como en principios éticos. Muñoz afirmó que el Ayuntamiento de Huelva tiene la responsabilidad de agotar todas las instancias legales disponibles, subrayando la importancia de acompañar y respaldar a las familias de las víctimas, así como de poder impulsar líneas de investigación que contribuyan a esclarecer las causas del accidente.

El medio detalló que Punta Umbría también formalizó un recurso, que fue presentado el pasado lunes. En su nota, el Ayuntamiento manifestaba que existe un interés directo, legítimo y cualificado en participar en el procedimiento, dada la magnitud del impacto local: tres residentes fallecidos y siete personas heridas de gravedad. La posición de Punta Umbría, según publicó la nota institucional y recogió la prensa, se fundamenta en que la presencia del Ministerio Fiscal no excluye la posibilidad de personación municipal. El escrito rechaza el argumento de innecesariedad defendido en el auto judicial y subraya que el sistema penal permite la concurrencia de varias acusaciones. Además, expone que en la investigación concurren circunstancias específicas, como la intervención de entidades públicas estatales, lo que en su interpretación acrecienta la necesidad de que los intereses de la comunidad local cuenten con representación y control adicional.

El pasado 27 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó sobre los razonamientos de la jueza instructora respecto a las partes excluidas y admitidas en la causa. Según reportó el medio en base al comunicado del tribunal, tanto Huelva como Punta Umbría fueron excluidas por carecer, a criterio de la magistrada, de legitimación para ejercer la acción popular. En el caso de la organización Iustitia Europa, se desestimó la personación debido a la falta de cumplimiento de ciertos requisitos formales, entre ellos la ausencia de autorización o acuerdo del órgano correspondiente para la acción como acusación popular.

Por otro lado, la resolución judicial sí admitía la personación como parte acusadora popular a varias entidades y organizaciones. Entre ellas figuran el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, el partido Vox, la Asociación HazteOir.org, el Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), la Asociación Víctima de los Políticos y la Asociación Liberum. La admisión de estas acusaciones quedó condicionada a la constitución previa de una fianza de 3.000 euros para cada entidad.

Según lo recogido por los medios locales, las corporaciones de Huelva y Punta Umbría insisten en su interés en personarse, destacando tanto el impacto social del siniestro como el derecho de las entidades municipales a actuar en defensa de sus vecinos. Por su parte, el auto de la jueza mantiene la línea de limitar la acción popular a los supuestos de legitimación expresamente reconocidos.

El recurso busca, en suma, una reconsideración judicial que permita a ambos ayuntamientos participar de manera activa en el proceso, colaborar en las investigaciones judiciales y defender los intereses de los afectados a nivel local. En paralelo, la causa avanza con la intervención de otras organizaciones y asociaciones aceptadas como parte, lo que revela un escenario judicial con múltiples actores interesados en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Adamuz.