Un total de 5.148 personas cambiaron de sexo en el Registro Civil en 2025

El encargado del Registro Civil debe valorar la existencia de un posible fraude de ley en cada solicitud de cambio de sexo, según lineamientos vigentes. El Gobierno respondió por escrito a una consulta parlamentaria del grupo Vox, afirmando que, a lo largo de 2025, un total de 5.148 personas realizaron cambios en la mención registral correspondiente al sexo en el Registro Civil. Así lo informó Europa Press tras revisar la respuesta del Ejecutivo, en la que se abordan distintas preguntas formuladas por los diputados de Vox.

La respuesta se refirió a los cambios registrados durante el año y aclaró que estos datos reflejan únicamente las modificaciones formales inscritas en el Registro Civil. Las preguntas de Vox incluyeron también solicitudes sobre eventuales fraudes y rechazos de cambios en años anteriores, así como el número de intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual realizadas durante 2025. El Ejecutivo indicó que las solicitudes de rectificación deben presentarse ante el encargado de cualquier oficina del Registro Civil y destacó que no existe un registro informatizado de denegaciones, por lo que dichos datos no están disponibles.

En cuanto al control de posibles fraudes, la respuesta del Gobierno señaló que corresponde al responsable del Registro Civil verificar que no se origine un fraude de ley o abuso de derecho. Para esto se basa en la instrucción emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública el 26 de mayo de 2023, en la que se detalla la aplicación estricta de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Según consignó Europa Press, la normativa instruye a los encargados de los registros a extremar el cuidado para evitar cualquier uso indebido en las solicitudes de cambio de sexo.

El medio Europa Press detalló además que el Gobierno explicó que los datos vinculados a cirugías de cambio de sexo no forman parte del Registro Civil, sino que se recopilan en el Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, concretamente en el Registro de Actividad de Atención Especializada. De forma paralela, el Ejecutivo respondió a una pregunta sobre el presunto incremento de agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres y argumentó que este aumento está relacionado con un contexto de mayor visibilidad y denuncia. El Gobierno atribuyó el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual a políticas activas de concienciación y a la reducción de la tolerancia social frente a estos delitos, indicando que ello propicia una mayor disposición de las víctimas a acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, disminuyendo los niveles de infradenuncia.

A lo largo de la respuesta, el Gobierno enfatizó la función del Registro Civil como órgano encargado de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y reiteró que las cifras conocidas corresponden únicamente a modificaciones en la mención registral de sexo. Sobre las preguntas relativas a solicitudes fraudulentas y denegaciones durante los años 2023 y 2024, así como para el año 2025, la Administración central explicó que estos datos no están recogidos en ninguno de los sistemas informáticos de registro y, por tanto, no resultan accesibles para su remisión.

El requerimiento de Vox sobre el número de intervenciones quirúrgicas también quedó respondido con la remisión al Ministerio de Sanidad, ya que es esta área la que registra y publica dicha información. Europa Press indicó que el Gobierno evitó proporcionar cifras concretas en este apartado, recordando que todas las operaciones médicas asociadas a procesos de rectificación de sexo quedan grabadas dentro de los registros hospitalarios y estadísticos especializados.

La respuesta parlamentaria, reseñada por Europa Press, concluyó señalando que los cambios en la mención registral y las estadísticas sobre delitos sexuales deben analizarse con base en la normativa vigente y el contexto de avance en las políticas de igualdad y prevención. El Gobierno insistió en que el incremento de denuncias refleja una disminución de la tolerancia social hacia la violencia sexual y un entorno más favorable para que las víctimas recurran al sistema de justicia y protección policial.