Un juez amplía investigación a un exalto cargo del Gobierno de Ayuso por prevaricación en los protocolos de residencias

Las actuaciones judiciales relacionadas con la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid durante la pandemia han tomado un nuevo rumbo luego de que el Tribunal de Instancia de Getafe, correspondiente a la plaza número 3, resolviera incluir tanto al anterior director general de Coordinación Sociosanitaria madrileño, Carlos Mur, como a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, en la investigación por supuesta prevaricación vinculada a los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la emergencia. Según informó Europa Press, la decisión del tribunal responde a una ampliación de la denuncia impulsada por el PSOE, la cual se dirige específicamente a las órdenes transmitidas en relación con el Hospital de Getafe y la Residencia Geriátrica ‘Los Ángeles’.

De acuerdo con el auto judicial, el magistrado encargado del caso aceptó parcialmente la solicitud de los denunciantes, estableciendo que la investigación se limitará a los hechos sucedidos en el municipio de Getafe y evitando extender el proceso a decisiones de carácter autonómico que excedan la jurisdicción del juzgado. El juez subrayó la competencia territorial y especificó que el análisis de los hechos solo abarcará las órdenes concretas sobre hospitalización de personas con discapacidad, ancianos enfermos y la medicalización de residencias implementadas en ese ámbito geográfico.

Europa Press detalló que el exdirector Carlos Mur figura investigado en varios procedimientos distintos por presunta discriminación en la atención sanitaria derivada de la aplicación de los protocolos diseñados al inicio de la crisis del Covid-19 en la región. En declaraciones recogidas por el mismo medio, Mur manifestó en febrero que esas instrucciones formaban parte de un plan de acción presentado públicamente por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante una rueda de prensa celebrada el 12 de marzo de 2020 en la sede del Gobierno autonómico.

El expediente judicial expone que la ampliación de la denuncia sostiene la posible prevaricación por parte de Mur en cuanto a la comunicación de determinadas órdenes relativas a la hospitalización de pacientes de residencias durante aquellos días críticos. El magistrado estableció que la pesquisa también debe recabar información sobre la participación que pudo tener en esos hechos el entonces sucesor de Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo. Esta línea indagatoria se apoya en la acusación de que ambas personas, desde sus respectivos cargos, habrían intervenido en la toma de decisiones cuestionadas por su legalidad y sus consecuencias sobre grupos vulnerables.

Según publicó Europa Press, la denuncia presentada por el PSOE amplía el foco sobre todos los mandatos relacionados con la hospitalización de personas con discapacidad, mayores enfermos u otros colectivos que residían en centros geriátricos, así como las medidas destinadas a medicalizar residencias en la Comunidad de Madrid. La resolución emitida por el juzgado, a la que el medio tuvo acceso, deja abierta la posibilidad de presentar recurso.

Otros antecedentes consignados por Europa Press indican que Carlos Mur, en el transcurso de las diligencias previas, declaró haber remitido un correo electrónico el 20 de marzo de 2020 al exconsejero de Sanidad para alertar que la estrategia de medicalizar las residencias resultaba “irrealizable” en las circunstancias en que se encontraba la región. De este modo, el exalto cargo argumentó que las instrucciones seguidas estaban alineadas con el plan oficial del Gobierno autonómico.

Respecto al trasfondo judicial, la causa en la que se encuentran implicados Mur y Martínez Peromingo no es la única que examina la presunta discriminación sanitaria en la atención a residentes de centros geriátricos durante la pandemia. El medio Europa Press ha señalado que existen varios procedimientos abiertos, todos ellos centrados en los protocolos fijados después de la declaración de la alerta sanitaria.

El tribunal limita la instrucción exclusivamente a los casos concretos de Getafe, rechazando asumir competencias más amplias sobre el conjunto de las directrices autonómicas. La resolución recalca que la función del juzgado está restringida territorialmente, por lo cual la valoración judicial de las posibles responsabilidades de los exfuncionarios permanecerá ceñida a los hechos localizados en ese municipio madrileño.

Europa Press reportó que esta decisión judicial añade nuevos elementos a la investigación de la gestión sanitaria durante la pandemia y mantiene el foco sobre el papel de los altos cargos en la elaboración y transmisión de protocolos. Las próximas etapas procesales deberán determinar la participación de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo en la adopción de determinadas órdenes, así como el impacto de estas sobre los colectivos afectados en Getafe.