El Gobierno veta la enmienda del PP que limita la regularización de inmigrantes alegando un sobrecoste de 16,8 millones

El Ejecutivo comunicó a la Mesa del Congreso su decisión de frenar el avance de dos enmiendas presentadas y aprobadas en el Senado, ante la previsión de que el Grupo Socialista, junto a Sumar, sufriría una derrota en la votación prevista para este jueves en el Pleno. Según detalló el medio Europa Press, el Gobierno fundamentó su veto en el hecho de que ambas medidas implicarían un incremento significativo en el gasto público, de acuerdo con los informes remitidos por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

De acuerdo con Europa Press, la disposición vetada que suscitó mayor repercusión se centraba en modificar la Ley de Extranjería para endurecer los controles en los procesos de regularización de inmigrantes. Allí, una propuesta conjunta del Partido Popular, Vox y Junts señalaba que, para acceder al proceso de regularización promovido actualmente por el Gobierno, la persona solicitante debía demostrar a través de certificados oficiales la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en otros países en los que hubiera residido, la inexistencia de procedimientos judiciales abiertos y la ausencia de causas penales suficientes.

El modelo actual respaldado por el Ejecutivo se basa en la presentación de una declaración jurada por parte del solicitante, en la que se asegure no contar con antecedentes ni causas pendientes. Sin embargo, la modificación impulsada en el Senado eliminaba la declaración jurada y establecía la obligatoriedad de aportar certificaciones oficiales de las autoridades competentes, una medida que, a juicio del Gobierno, tendría un alto impacto económico-administrativo.

En los documentos remitidos por Moncloa, el Gobierno argumentó que hacer efectiva la medida habría requerido crear 400 plazas adicionales de funcionarios en las comisarías de extranjería, con un coste medio individual estimado en 42.000 euros anuales. Europa Press explicó que el sobrecoste ascendería a 16,78 millones de euros, sólo por la dotación de personal administrativo necesaria para asumir las nuevas tareas vinculadas a la tramitación y verificación de los certificados de penales en todos los expedientes presentados.

Otra de las enmiendas bloqueadas, señalada por Europa Press, planteaba la incorporación de nuevos recursos en la Fiscalía. El PP propuso aumentar las plazas de fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma, fijando la ratio en un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000, durante dos años. Según los cálculos del Ejecutivo, esto supondría la creación de 491 nuevas plazas, lo que generaría un desembolso extra estimado en 53,79 millones de euros.

El Ejecutivo activó su competencia legal para frenar iniciativas que conlleven un aumento del gasto o una reducción de ingresos, según establece la Constitución. La normativa exige que estas decisiones queden debidamente justificadas y sean respaldadas por la Mesa del Congreso. En este caso, tanto PSOE como Sumar, que mantienen mayoría absoluta en la Mesa, validaron el veto comunicando que cumplen los requisitos legales.

Aunque la proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia, impulsada por Junts y desbloqueada por el PSOE después de la ruptura anunciada por los partidos independentistas, iba a someterse a votación definitiva en el Pleno del Congreso, el veto del Gobierno evitó que estas dos enmiendas llegaran al debate y posterior votación. El resto de las modificaciones introducidas por la Cámara Alta quedarían pendientes de ratificación o rechazo por parte del Pleno, siempre dentro del proceso regular de tramitación.

Portavoces de los grupos políticos que impulsaron las enmiendas buscaron reforzar el control sobre la regularización migratoria y los recursos del Ministerio Fiscal. El texto recogido por Europa Press resalta que la medida sobre extranjería pretendía evitar que personas con cuentas pendientes con la justicia pudieran beneficiarse de los procesos de regularización impulsados por el Ejecutivo. La propuesta del PP, Vox y Junts respondía, según sus defensores, a la preocupación por la seguridad y por garantizar que quienes acceden a este procedimiento cumplan con los requisitos legales y no tengan antecedentes penales.

El control presupuestario y el ajuste al impacto económico de las políticas públicas sostuvieron la argumentación del Gobierno. Según Europa Press, el Ejecutivo insistió en la necesidad de no crear cargas presupuestarias adicionales y argumentó que el mecanismo pretendido por los grupos de oposición suponía costes administrativos inasumibles en el actual contexto de recursos públicos.

La proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia continúa su tramitación parlamentaria, pero el alcance final de las reformas quedará definido tras la resolución de la votación en el Congreso, después de que el Gobierno ejerciera su prerrogativa limitando el número de enmiendas que podrán ser debatidas y sometidas a voto en el Pleno.