Durante el estallido social de octubre de 2019 en Chile, organismos nacionales e internacionales señalaron miles de denuncias por abuso policial y militar en el contexto de las protestas, incluyendo pérdida de visión por impactos de bala, lesiones graves y decenas de muertes. Según consignó el medio La Tercera, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha contabilizado más de 2.500 denuncias y cerca de 3.000 víctimas por acciones de represión durante el periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020, con un saldo de 34 personas fallecidas. En este escenario, el presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró en una entrevista a Canal 13 su intención de otorgar indultos presidenciales a miembros de las fuerzas policiales y militares que actualmente cumplen condenas por delitos cometidos durante esas manifestaciones, una medida que ha generado controversia y divisiones en la institucionalidad chilena.
El mandatario afirmó en Canal 13 que el indulto presidencial es una atribución vigente del jefe de Estado y que tiene la determinación de hacer uso de ella. Kast argumentó que “hay personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado”, y, al ser consultado, aseguró que su administración realiza una revisión detallada de los casos de carabineros y militares sentenciados por ejercer violencia contra personas que participaron en la protesta social. De acuerdo con lo reportado por Canal 13, el presidente hizo referencia a la historia reciente de Chile y a situaciones comparables ocurridas en otros países, declarando: “Yo entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa, le cueste mucho superar, pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”.
El alcance de las condenas incluye a funcionarios de fuerzas de seguridad estatales implicados en hechos como disparos contra manifestantes, agresiones que causaron que personas perdieran la visión de uno o ambos ojos y golpizas que dejaron a víctimas en estado vegetal. Diversos sectores sociales y políticos han sostenido posturas encontradas sobre la iniciativa presidencial, enfocándose en el debate entre la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la ley y la protección de derechos humanos durante situaciones de crisis social.
A pesar de las declaraciones de Kast, la respuesta del Ministerio de Justicia se inclina en sentido opuesto. Según declaraciones recogidas por el periódico La Tercera, el titular de Justicia subrayó que no ha suscrito ningún indulto y recalcó que la orientación de la gestión de Gobierno no contempla una “agenda prodelincuencia”. El ministro insistió en que el propósito del Ejecutivo radica en combatir el crimen antes que en avalar o respaldar acciones ilegales cometidas por funcionarios públicos. Estas afirmaciones revelan una distancia entre la posición del presidente y la de la cartera de Justicia en torno a la posible concesión de indultos a agentes estatales condenados.
De acuerdo con lo publicado por La Tercera, los episodios que detonaron las protestas en Chile tuvieron su inicio el 18 de octubre de 2019, tras el aumento del precio del transporte público en Santiago. La disconformidad con dicha medida se convirtió rápidamente en un proceso de movilización social que expuso el malestar acumulado por vastos sectores de la sociedad frente a la desigualdad y otras problemáticas estructurales del país. Las manifestaciones se extendieron por meses, involucrando a millones de personas y generando episodios de enfrentamientos recurrentes con las fuerzas del orden.
Las acciones de Carabineros y fuerzas militares durante el periodo del estallido recibieron fuertes cuestionamientos a nivel nacional e internacional. Miles de reportes documentaron uso desproporcionado de la fuerza, represión, detenciones arbitrarias y daños físicos severos a quienes participaron en las protestas. Diversos organismos y organizaciones de derechos humanos denunciaron esos excesos y exigieron investigaciones judiciales para determinar responsabilidades y evitar la impunidad.
El debate sobre los indultos presidenciales a policías y militares condenados ha reactivado la discusión en torno a los límites de la acción estatal tanto para resguardar el orden público como para respetar las garantías fundamentales. Sectores a favor del indulto consideran que las condenas recaen en agentes que en muchos casos actuaron bajo órdenes formales y en situaciones de alta presión, mientras que quienes se oponen sostienen que la existencia de víctimas como consecuencia directa del accionar policial debe ser sancionada conforme a la ley y la responsabilidad penal individual.
El medio La Tercera puntualizó que, entre las causas judicializadas, se consignan casos en los que la acción de agentes estatales derivó en consecuencias irreversibles, tales como lesiones oculares permanentes y la incapacidad total de personas tras violentos enfrentamientos. La gestión de estas causas ha sido objeto de atención mediática, jurídica y social desde 2019, propiciando un amplio debate sobre el alcance de la justicia en contextos de convulsión social y el balance entre seguridad y derechos humanos.
Las declaraciones del presidente y las reacciones del Ministerio de Justicia ilustran un ambiente de tensiones e interrogantes respecto al rumbo del Gobierno frente a las secuelas del estallido social. Si bien la Constitución chilena respalda la facultad del jefe de Estado para conceder indultos, la aplicación de este mecanismo en casos de condenas por violaciones de derechos humanos plantea cuestiones legales, éticas y sociales que aún se encuentran en discusión dentro y fuera de las instituciones del país.