El Tribunal Penal Internacional otorgó un plazo de tres meses al Gobierno venezolano para presentar argumentos adicionales en el caso conocido como 'Venezuela II', después de concluir que no existen pruebas suficientes para vincular las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos con crímenes de lesa humanidad. Según consignó la Fiscalía del TPI, la evidencia presentada por Caracas no establece una relación causal ni intenciones criminales en la aplicación de estas medidas, por lo que ha decidido no abrir una investigación como solicitaba el gobierno de Venezuela desde febrero de 2020.
Tal como reportó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y publicó el medio, Venezuela había denunciado que “medidas coercitivas ilegales adoptadas de manera unilateral” por parte de Estados Unidos, vigentes desde 2014, supuestamente favorecieron la comisión de delitos graves como asesinatos, exterminio, deportaciones, persecuciones y otros actos considerados inhumanos. No obstante, el TPI concluyó que las autoridades venezolanas no han entregado suficientes elementos que permitan sostener la tesis de que las sanciones estadounidenses hayan ocasionado crímenes de lesa humanidad ligados directamente a su imposición.
De acuerdo con lo detallado por el Tribunal Penal Internacional, la notificación oficial ya fue enviada a Caracas, e incluye la apertura del plazo de noventa días para que el gobierno venezolano pueda presentar alegaciones adicionales relativas a este expediente. La Fiscalía del TPI aclaró explícitamente que sus conclusiones y su decisión se aplican solo al proceso identificado como 'Venezuela II'. Además, precisó que esta determinación no afecta la investigación denominada 'Venezuela I', la cual involucra presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del país desde 2014 y continúa su curso de manera independiente y según la Fiscalía “avanza a buen ritmo”.
El medio informó que la postura de la Fiscalía del TPI se fundamenta en la insuficiencia de pruebas aportadas que demuestren una relación entre las sanciones económicas y la perpetración deliberada de crímenes graves en Venezuela. Las autoridades internacionales subrayaron que no se ha establecido ni causalidad ni intencionalidad por parte de Estados Unidos en la supuesta comisión de los delitos denunciados por el ejecutivo venezolano.
Según la información publicada, Venezuela había remitido la petición de inicio de este expediente en febrero de 2020, en el contexto de un contexto nacional e internacional marcado por la entrada en vigor de sanciones estadounidenses dirigidas a restringir las capacidades financieras y operativas del Gobierno de Nicolás Maduro. El argumento del Estado venezolano apuntaba a que tales sanciones impactaron negativamente en la población y constituyeron actos sistemáticos definidos por derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el TPI descartó que tales afirmaciones hayan podido ser respaldadas con evidencia suficiente en el marco jurídico internacional.
La Fiscalía matizó que las investigaciones sobre presuntos crímenes dentro de Venezuela consignadas en el caso 'Venezuela I' continúan de manera separada y no se ven afectadas por la decisión tomada sobre 'Venezuela II'. El medio detalló que, según el TPI, este proceso está relacionado con hechos distintos, centrados en la posible responsabilidad por hechos ocurridos en el territorio venezolano relacionados con la represión a la oposición y otros posibles delitos graves.
El tribunal estableció que el procedimiento permite a Venezuela un periodo de noventa días para presentar nuevas evidencias o argumentos que respalden su posición, periodo tras el cual la Fiscalía del TPI evaluará si existe algún elemento nuevo que modifique la decisión de no abrir investigación respecto a las sanciones estadounidenses.
En conclusión, la resolución de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional subraya, de acuerdo con lo consignado por el propio organismo y replicado por los medios internacionales, la evaluación realizada sobre los hechos alegados por Venezuela, centrados en los efectos de las sanciones de Estados Unidos y la responsabilidad internacional asociada. La autoridad judicial internacional delimita claramente el alcance de su decisión en el caso 'Venezuela II', mientras mantiene abierta la investigación sobre hechos internos en el país en el caso paralelo 'Venezuela I', lo que evidencia la complejidad y el alcance de las actuaciones en curso dentro del sistema penal internacional respecto a Venezuela.