Las autoridades libanesas informaron que los bombardeos recientes afectaron directamente a dos instalaciones de Protección Civil en Tiro y Juaya, dejando como saldo la muerte de dos paramédicos, uno en cada localidad. Estas acciones han despertado nuevas acusaciones contra Israel por atacar de forma repetida a los equipos médicos y obstaculizar la respuesta humanitaria en medio del incremento del conflicto en el sur del Líbano. En ese contexto, la cifra oficial de víctimas mortales por los ataques del Ejército israelí en la región aumentó a al menos 16 personas fallecidas y más de 40 personas heridas, según publicó la agencia Europa Press.
Según señaló el Ministerio de Sanidad libanés, en la localidad de Tair Deba, en el distrito de Tiro, los ataques dejaron nueve muertos y 17 heridos, aunque las labores para localizar a una de las víctimas fatales continúan. De acuerdo con Europa Press, los incidentes en Juaya sumaron al menos siete personas fallecidas y 23 heridas más, provocando un repunte en el número de víctimas en apenas unas horas.
El Gobierno libanés, en declaraciones citadas por Europa Press, denunció que “el enemigo israelí continúa sus ataques sistemáticos contra equipos de ambulancias”, acusando a Israel de desoír la normativa internacional y de seleccionar deliberadamente a los paramédicos como objetivos prioritarios en el terreno. Las autoridades de Beirut sostienen que estos ataques imposibilitan cualquier operación de asistencia en la zona, agravando la situación de los civiles. En la misma línea, el comunicado oficial subraya que “la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad a la hora de poner fin a esta impunidad, que supone una clara amenaza y pinta un futuro muy oscuro para el orden internacional”.
Europa Press reportó que las autoridades libanesas han elevado a casi 400 el número total de muertes relacionadas con la campaña de bombardeos llevada a cabo por Israel. Este incremento en los ataques responde a las acciones tomadas por Hezbolá, las cuales, según el mismo medio, buscaban vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán iniciada el 28 de febrero. Debido a estos hechos, la violencia en la frontera sur sigue intensificándose, y la población civil resulta especialmente perjudicada por la recurrencia de bombardeos.
A pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y respaldado por Naciones Unidas, el Gobierno israelí ha defendido sus operaciones en suelo libanés bajo el argumento de que están dirigidas contra actividades de Hezbolá y que dichas acciones no infringen el pacto de cese al fuego. Sin embargo, tanto el Gobierno libanés como el propio grupo chií afirman que Israel mantiene cinco posiciones militares dentro del territorio de Líbano, vulnerando así lo pactado y provocando un clima de tensión persistente. Beirut y Hezbolá han reclamado reiteradamente la retirada total de las fuerzas israelíes del sur del país, expresando que la permanencia de estas bases impide el retorno de la estabilidad en la zona.
Distintas voces libanesas, según detalló Europa Press, han insistido en que la comunidad internacional debe actuar de manera efectiva para frenar lo que consideran una política de impunidad de Israel, advirtiendo sobre las consecuencias que este tipo de ataques sistemáticos y selectivos pueden tener para el futuro del derecho internacional humanitario. El Ejecutivo libanés manifestó su compromiso con la defensa de los equipos sanitarios y las familias de las víctimas, reconociendo la labor de los paramédicos y trabajadores de emergencia que han perdido la vida sin recibir nada a cambio.
El conflicto entre Israel y Hezbolá mantiene a la región en una situación de alta tensión, con el sur de Líbano como escenario recurrente de enfrentamientos y ataques aéreos. Desde la reanudación de hostilidades, se han producido ataques esporádicos a pesar del acuerdo de cese al fuego, resultando en repetidas condenas de organismos internacionales. La escalada actual ha derivado en la multiplicación de víctimas civiles y una creciente preocupación respecto a la protección de personal médico en el área.
Europa Press también transmitió que organizaciones internacionales y agencias humanitarias han condenado los ataques a unidades médicas y solicitado garantías de acceso seguro para la ayuda humanitaria, enfatizando la obligación de respetar el derecho internacional y evitar la puesta en peligro de quienes prestan asistencia en conflictos armados. Las familias afectadas, los equipos de rescate y la población civil continúan soportando el impacto de la violencia, mientras la crisis se prolonga y crecen las demandas de medidas concretas por parte de la comunidad global.