La afirmación de que España dispone de recursos para afrontar cualquier incidencia derivada de cambios en la política comercial con Estados Unidos, así como de mecanismos para asistir a los sectores impactados y para diversificar sus cadenas de suministro, fue compartida por fuentes del Ejecutivo español en respuesta a recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump. Según informó el medio, el Gobierno subrayó que cualquier decisión de la administración norteamericana sobre la suspensión o revisión del comercio deberá respetar la autonomía de las empresas privadas, el marco legal internacional y los acuerdos bilaterales suscritos entre la Unión Europea y Estados Unidos.
El medio reportó que la reacción oficial surgió luego de que Trump amenazara con suspender el comercio bilateral. Desde el entorno de La Moncloa, se hizo hincapié en que España, en calidad de miembro de la UE, está protegida por los acuerdos firmados por el conjunto comunitario, que prevén mecanismos tanto para la protección de los agentes económicos afectados como para la búsqueda de alternativas en el aprovisionamiento de bienes y servicios. Según informó la fuente oficial, esta posición se alinea con la política europea de promover un comercio internacional basado en reglas y con respeto a los intereses de los diferentes actores económicos.
De acuerdo con lo consignado por el medio, desde el Ejecutivo se recordó que cualquier alteración de los vínculos comerciales con España debe enmarcarse dentro de las competencias y compromisos asumidos en el seno de la Unión Europea. Este recordatorio recalca que la política comercial entre países miembros y potencias extranjeras se rige por acuerdos multilaterales, donde España actúa integrada en la posición común europea, lo que implica que una eventual decisión unilateral por parte de Washington encontraría los límites impuestos por dichos pactos.
Además, según detalló el medio, las mismas fuentes hicieron alusión a la importancia de salvaguardar la independencia de las compañías privadas, tanto españolas como multinacionales radicadas en el país, frente a posibles medidas que limiten su actividad. En ese sentido, el Gobierno manifestó que respetar la autonomía empresarial constituye una condición esencial para las relaciones comerciales internacionales, y subrayó que el marco regulatorio existente protege a las firmas involucradas en operaciones transatlánticas.
Fuentes de Moncloa, citadas por el medio, señalaron que España cuenta con los medios suficiente para abordar cualquier repercusión económica que pueda surgir, a la vez que reiteraron la capacidad del país para poner en marcha apoyos a los sectores productivos más vulnerables y para orientar la diversificación de las cadenas de suministro en caso de interrupciones o cambios imprevistos.
El medio añadió que la administración española llamó a la prudencia en cualquier revisión de los acuerdos comerciales y remarcó la necesidad de resguardar la legalidad internacional en estos procesos. Desde el Ejecutivo sostienen que sólo a través del respeto mutuo de los compromisos asumidos y de la autonomía empresarial se pueden garantizar relaciones comerciales estables y beneficiosas.
La reacción del Gobierno español se enmarca, según publicó el medio, en una coyuntura internacional donde el equilibrio entre la protección de los intereses nacionales y el cumplimiento de los tratados internacionales se convierte en un punto clave de la diplomacia económica. Las autoridades confirmaron que darán seguimiento a este asunto en coordinación con las instituciones europeas competentes, en particular con la Comisión Europea, que desempeña el papel de interlocutor principal en materia de política comercial.