Donald Trump criticó fuertemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos y a los jueces conservadores nominados por él mismo tras el reciente fallo contrario a su política de aranceles. La respuesta inmediata del mandatario fue la decisión de elevar los aranceles globales del 10% al 15%, utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 como fundamento legal. Según reportó Europa Press, el presidente estadounidense anunció la medida el sábado, apenas unas horas después de que el máximo tribunal del país desautorizó la aplicación de los aranceles iniciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Europa Press detalló que la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días, con la opción de prorrogar esta política únicamente con la autorización del Congreso. Con esta estrategia, Trump busca dejar sin efecto la sentencia del Supremo, que representó su mayor revés desde su regreso a la Casa Blanca. La decisión de elevar los aranceles se produjo tras lo que el propio Trump describió como “una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer”.
Durante una conferencia de prensa, Trump manifestó su descontento no solo con la decisión judicial, sino también con los jueces conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a quienes había designado él mismo en su primer mandato. Ambos magistrados se sumaron a la mayoría que invalidó la aplicación de los aranceles en los términos inicialmente propuestos por el mandatario bajo el marco de la IEEPA. El presidente subrayó que su decisión busca alcanzar el “nivel totalmente permitido y legalmente comprobado” de gravámenes, en referencia a la autoridad que le otorga ahora la Ley de Comercio de 1974.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Trump justificó estos aranceles al afirmar que están dirigidos contra aquellos países que, según sus palabras, han “estafado durante décadas” a Estados Unidos “sin represalia alguna”. Al intensificar los aranceles, el mandatario reiteró su firmeza respecto a la política comercial exterior, insistiendo en la necesidad de proteger los intereses estadounidenses frente a lo que considera prácticas desleales por parte de algunas naciones.
El fallo del Supremo, que invalidó los aranceles promulgados inicialmente bajo la IEEPA, abrió un nuevo escenario legal en la guerra comercial impulsada por Trump. El mandatario sostuvo que, en los próximos cinco meses —periodo autorizado sin requerir la intervención del Congreso—, evaluará y anunciará posibles nuevos aranceles “legalmente permitidos”, como afirmó en su mensaje oficial. Trump argumentó que estas decisiones buscan garantizar que “América siga siendo más grande que nunca”.
El alcance y la duración de la nueva política arancelaria de Trump dependerán de la evolución de los acontecimientos en el Congreso una vez transcurridos los 150 días estipulados en la Ley de Comercio de 1974 para este tipo de medidas. La extensión del gravamen más allá de ese plazo requerirá consenso legislativo, lo que introduce una variable adicional al desarrollo de la política de comercio exterior estadounidense posterior al fallo judicial.
Según consignó Europa Press, la medida forma parte de la estrategia de Trump para mantener la presión sobre sus socios comerciales y responder al revés sufrido en el Tribunal Supremo, señalando que las acciones del mandatario muestran una determinación de encontrar vías legales alternativas ante obstáculos judiciales. El mandatario argumentó en reiteradas ocasiones que estas medidas pretenden asegurar un trato justo para Estados Unidos en el comercio internacional.
El contexto político se intensificó a raíz de la postura de los jueces del Supremo, incluidos aquellos alineados con las posiciones más conservadoras. Trump dedicó severas críticas no solo al contenido del dictamen, sino al hecho de que magistrados propuestos por su propia administración se sumaran al resto de los integrantes del tribunal en su contra.
Finalmente, el presidente estadounidense subrayó que cuenta con la autoridad suficiente para actuar tras la revisión legislativa, avalada por la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. El mandatario anunció que durante los próximos cinco meses mantendrá el escrutinio de la situación internacional y las posibles formas de ajustar la política arancelaria, a la espera de la intervención o del visto bueno final del Congreso para cualquier prórroga de los gravámenes implementados.