El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán citó el Artículo 7 de la Ley de Acción Recíproca, normativa adoptada tras la calificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Estados Unidos en 2019, para anunciar la decisión de catalogar como grupos terroristas a las fuerzas navales, aéreas y terrestres de todos los países miembro de la Unión Europea. Según informó la agencia Europa Press, esta medida surge como respuesta directa a la resolución europea que etiquetó a la Guardia Revolucionaria iraní con la misma denominación.
El comunicado oficial emitido por el gobierno iraní subraya que este paso obedece al principio de reciprocidad. El texto indica que “todos los países que sigan o apoyen la decisión de Estados Unidos… estarán sujetos a acción recíproca”. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní especificó que la declaración afecta a las fuerzas de los Estados miembro de la UE, las cuales pasan a estar identificadas y declaradas como organizaciones terroristas en respuesta a las determinaciones internacionales adoptadas en su contra.
Tal como publicó Europa Press, la decisión del gobierno iraní amplía el alcance de una ley interna que se formuló explícitamente para reaccionar ante medidas similares tomadas por otras naciones. El texto legal, que recoge la base jurídica para estas acciones, fue creado a raíz de la incorporación de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense hace cinco años. Ahora, la Ley de Acción Recíproca se emplea para englobar a los países europeos en este tipo de acciones, implicando a sus fuerzas armadas.
La determinación de la Unión Europea de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de grupos terroristas ha tenido consecuencias concretas, según detalló el medio europeo. Esta clasificación permite aplicar una serie de medidas restrictivas previstas en el régimen de sanciones antiterroristas del bloque. Entre estas acciones, destacan la congelación de fondos, activos financieros y cualquier recurso económico de la organización implicada que pueda encontrarse en jurisdicción europea. Además, las regulaciones prohíben a individuos o entidades dentro de la Unión Europea prestar apoyo económico, fondos o recursos a la Guardia Revolucionaria iraní.
Este marco de sanciones, reportó Europa Press, busca limitar la actividad internacional y el financiamiento de la organización. A partir de ahora, cualquier transacción que implique activos de la Guardia Revolucionaria dentro de los Estados miembro queda bloqueada por mandato legal. Los gobiernos europeos, tal y como se recoge en la normativa del régimen de sanciones antiterroristas, deben vigilar y evitar todo intento de poner fondos, bienes o recursos económicos a disposición de la entidad sancionada.
En reacción a estas restricciones, el gobierno iraní amplió su respuesta contra la totalidad de los países europeos que suscriban o apoyen la designación. El Ministerio de Exteriores iraní aclaró que la reciprocidad no se limita a la Unión Europea en su conjunto, sino que recae individualmente sobre cada uno de los países que adopten o respalden la posición estadounidense o europea. Así, Irán sostiene que todos los componentes de las fuerzas navales, aéreas y terrestres de los Estados miembro de la UE quedan sujetos a las consecuencias legales previstas por la legislación iraní, según consignó Europa Press.
La relación diplomática entre Irán y la Unión Europea experimenta así un nuevo episodio de tensión institucional, fruto de una sucesión de respuestas legales y políticas basadas en el concepto de equivalencia. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, las medidas impulsadas por cada parte tienen un fundamento legal desarrollado en los últimos años a raíz de sucesos previos, como la designación de la Guardia Revolucionaria por Estados Unidos en 2019, que sirvió de antecedente para la reacción formalizada por la República Islámica.
Desde el punto de vista europeo, la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas responde, dentro del marco del Derecho Internacional y la seguridad del bloque, a la “creciente preocupación" en torno a su papel en ciertos conflictos regionales y su supuesto apoyo a actos identificados por Bruselas como terrorismo. Por otra parte, según reportó Europa Press, la respuesta desde Teherán se apoya en la defensa de la soberanía nacional y la reciprocidad ante sanciones internacionales consideradas, por el gobierno iraní, como una injerencia.
El cruce de sanciones y designaciones revela un incremento de las medidas restrictivas y punitivas en el ámbito de las relaciones internacionales entre Irán y Occidente, en este caso la Unión Europea, impulsando repercusiones directas sobre militares y estructuras organizativas que hasta ahora no se habían visto abiertamente involucradas en procesos de calificación similares. El desarrollo de los acontecimientos permanece sujeto a nuevas decisiones políticas y diplomáticas en ambos bloques, según las actualizaciones publicadas por Europa Press.