La solicitud de indulto presidencial presentada por Pedro Castillo, quien fuera condenado a once años de prisión bajo la acusación de rebelión por el fallido golpe de Estado de 2022, provocó un rápido pronunciamiento oficial del gobierno peruano. Según informó Europa Press, la solicitud, formulada el 19 de febrero, fundamentó la petición en el "principio de humanidad" y en la "palabra empeñada" por el mandatario José María Balcázar. A raíz de estos hechos, la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que se asegura que no se encuentra en agenda la posibilidad de otorgar concesiones, incluyendo indultos, para personas procesadas o condenadas, con referencia específica a los rumores sobre un posible beneficio para Castillo.
De acuerdo con Europa Press, la aclaración del presidente Balcázar busca disipar cualquier duda relacionada con su compromiso constitucional, tras el juramento asumido ante el Congreso. El comunicado oficial resalta que "en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada". Esta declaración apunta a "evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido".
Europa Press detalló que la administración de Balcázar ha establecido la prioridad de garantizar tres ejes fundamentales: la seguridad nacional, el desarrollo de elecciones libres, limpias y transparentes, y la estabilidad económica del país. Según el mandatario, su gestión no contempla otras cuestiones fuera de estos objetivos esenciales.
El medio europeo consignó que en su intercambio con la prensa local, el presidente Balcázar aludió explícitamente al caso de Pedro Castillo, remarcando: "El expresidente tiene un proceso penal. Que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos". Esta postura enfatiza la decisión de no intervenir en los procesos judiciales en curso, subrayando la separación entre poderes.
La condena de once años a Castillo se dictó tras considerarse probada su participación en el intento de asonada que se produjo en 2022. Tras la negativa del Ejecutivo a considerar algún tipo de gracia, la situación de Castillo permanece sujeta a los procedimientos judiciales habituales que marca la ley peruana.
La polémica en torno a eventuales beneficios para el expresidente se reavivó después de la presentación de la solicitud de indulto, la cual argumentó una supuesta falta de firmeza en la sentencia y consignó razones humanitarias. Europa Press informó que el pedido también mencionaba el compromiso personal atribuido a Balcázar, aspecto que el presidente aclaró no forma parte de sus responsabilidades institucionales actuales.
El comunicado gubernamental hizo especial hincapié en que todas las actuaciones del nuevo Ejecutivo se alinearán de forma exclusiva con los principios de legalidad y transparencia, reafirmando que no habrá medidas excepcionales a favor de quienes estén involucrados en procesos judiciales abiertos o con sentencias en curso. Esta postura pretende mitigar cualquier especulación sobre la eventualidad de aplicar indultos u otras formas de perdón presidencial a figuras políticas vinculadas a delitos graves.
Según publicó Europa Press, la Presidencia ha reiterado que las tareas prioritarias del actual gobierno se enfocan exclusivamente en políticas de seguridad nacional, organización de procesos electorales confiables y preservación de los indicadores económicos, descartando cualquier desviación de estos objetivos para atender solicitudes personales que supongan excepciones a la normativa vigente.
De esta forma, la respuesta del Ejecutivo ante la petición hecha por Castillo establece un marco claro respecto de la separación entre la gestión gubernamental y la administración de justicia, marcando distancias ante las posibles interpretaciones políticas sobre la concesión de indultos y reafirmando las líneas que orientarán el actual mandato.