Donald Trump anticipó que el Gobierno federal afrontará varios años de litigios como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo que, por seis votos contra tres, limitó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles. Según informó Europa Press, miles de empresas afectadas por el incremento de los gravámenes podrían iniciar reclamaciones para solicitar reembolsos, lo que desencadenaría una serie de procesos legales de gran alcance. El expresidente, en una comparecencia realizada en Washington, vinculó esta situación con la defensa de los intereses industriales y comerciales de Estados Unidos, anunciando nuevas medidas para establecer gravámenes generales a las importaciones.
De acuerdo con la información de Europa Press, Trump calificó de “profundamente decepcionante” el fallo del Supremo, rechazó la decisión y cuestionó abiertamente la imparcialidad y patriotismo de los magistrados que apoyaron la sentencia. Acusó a los jueces de doblegarse ante grupos políticos, tanto demócratas como algunos republicanos a los que denominó RINOs (“republicanos solo de carnet”), e incluso señaló que el tribunal se habría dejado influir por intereses extranjeros.
La resolución del Alto Tribunal representa, según publicó Europa Press, la mayor derrota de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en materia de política comercial. El Supremo sostuvo, en respaldo a un tribunal inferior, que la IEEPA no confiere al presidente la capacidad de imponer aranceles y que dicha interpretación excede los límites de autoridad que la ley ha diseñado desde 1977. Se insistió en que la Casa Blanca solo podría aplicar una medida similar si existe una autorización específica del Congreso para justificar esa competencia extraordinaria.
En su intervención ante la prensa, Trump afirmó su intención de continuar la política arancelaria mediante otros instrumentos jurídicos. Anunció que firmaría una orden ejecutiva con base en la Sección 122 para establecer un arancel global del 10% sobre las importaciones. Europa Press detalló que este nuevo porcentaje entraría en vigor en el plazo de tres días tras la firma, aunque su vigencia estaría limitada a 150 días, a menos que el Congreso adopte una prórroga. El exmandatario agregó que, mientras tanto, se activarían procedimientos en virtud de la Sección 301 para investigar supuestas prácticas comerciales desleales cometidas por compañías y gobiernos extranjeros, con el objetivo de instaurar aranceles permanentes si las pesquisas lo justifican.
La decisión judicial, reportó Europa Press, incluye la postura de los tres jueces disidentes —Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh— quienes manifestaron oposición a la mayoría. La sentencia rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA permite decretar aranceles sin límite, al tiempo que recuerda que jamás, desde la promulgación de la ley, se ha atribuido al presidente tal prerrogativa.
Durante la rueda de prensa, Trump dirigió críticas directas a los miembros del Supremo que rubricaron el fallo desfavorable, considerándolos una “desgracia” para el país. Expresó que esos magistrados “están en contra de todo lo que hace que Estados Unidos sea fuerte, saludable y grande de nuevo” y acusó a la corte de haber sido influidos por una minoría política y por intereses foráneos. En contraste, elogió a los tres jueces que respaldaron su posición, destacando su alineamiento con la agenda presidencial.
El origen de esta disputa, según recogió Europa Press, remonta al paquete arancelario impuesto en abril de 2025 tras el llamado ‘Día de la Liberación’. Esa decisión motivó la impugnación por parte de una docena de estados y por empresas norteamericanas, las cuales alegaron que el presidente había sobrepasado sus atribuciones legales mediante el uso de la IEEPA para establecer tarifas. Los recurrentes sostuvieron que, si bien la legislación permite regular o prohibir transacciones internacionales en situaciones de emergencia nacional, no habilita la imposición unilateral de derechos de aduana.
El tribunal federal encargado inicialmente del caso interpretó que Trump había citado indebidamente la IEEPA con estos fines, un criterio que fue finalmente respaldado por la resolución del Supremo, según consignó Europa Press. Durante la discusión del caso, la Administración Trump advirtió en enero que un fallo contrario obligaría al gobierno a devolver “miles de millones” de dólares recaudados en concepto de aranceles, lo que calificó como “un completo desastre” para la economía nacional.
La imposición de los nuevos gravámenes bajo diferentes preceptos legales, como la Sección 122 y la 301, busca continuar la política de presión comercial del Ejecutivo pese a la reciente restricción judicial, un proceso que, según Trump y los analistas citados por Europa Press, podría derivar en más controversias legales y económicas. El desarrollo futuro de la medida dependerá del curso que adopte el Congreso y de las reacciones de los sectores afectados, que ya estudian las vías para la presentación de reclamaciones o demandas.
Esta situación resalta el debate sobre los límites del poder ejecutivo en la materia comercial y la tensión entre la presidencia y el órgano judicial. Mientras tanto, la amenaza de batallas legales masivas introduce un nuevo elemento de incertidumbre para las empresas y los estados que comercian con Estados Unidos, en un contexto marcado por la volatilidad de la política arancelaria y la resistencia de la judicatura a extender las facultades presidenciales más allá de lo autorizado expresamente por la ley.