Jorge Sola, uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, indicó que la nueva reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados implica un retroceso de un siglo para los derechos laborales y anticipa una reducción de 3.000 millones de dólares (2.546 millones de euros) tanto en aportes y contribuciones patronales como en el sistema jubilatorio. Según consignó la agencia Europa Press, la CGT estimó que más del 90% de las actividades laborales del país se sumaron al paro general de 24 horas, convocado en rechazo a los cambios impulsados en la legislación y desarrollado en un ambiente de alta tensión entre la dirigencia sindical y el gobierno.
De acuerdo con Europa Press, el paro paralizó este jueves múltiples sectores productivos y de servicios a nivel nacional, en respuesta a la reciente aprobación de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei y respaldada por legisladores oficialistas y aliados en la Cámara Baja. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió en una conferencia de prensa que la organización sindical no declinará su lucha ni cederá derechos adquiridos: “No estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas. Aquí no terminó nada, sino que recién empieza todo y el plan de acción se cumple”.
Jerónimo subrayó que la estrategia definida por la central obrera se mantiene firme, pese a las acusaciones de la administración nacional. Respondió directamente a las declaraciones del jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien calificó el accionar sindical como una “extorsión” dirigida a presionar en torno al paro. “Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de poder escuchar el mensaje que le dio el pueblo argentino hoy, que no se pongan caprichosos ni en una encerrona, porque acá no existe ninguna extorsión. Nosotros queremos que le vaya bien a Argentina y ser parte de ese proceso virtuoso”, declaró Jerónimo, según registró Europa Press.
Entre los puntos más controvertidos de la reforma se encuentran la ampliación de la jornada laboral, que podrá extenderse de 8 hasta 12 horas diarias; la facilitación de despidos al reducir indemnizaciones y trámites; la eliminación del pago obligatorio por horas extras y la restricción de asambleas y huelgas dentro de los lugares de trabajo. La CGT manifestó que estas medidas afectan derechos fundamentales y debilitan la negociación colectiva, lo que motivó la convocatoria del paro general, reportó Europa Press.
El proyecto aprobado dejó fuera el artículo 44, que pretendía recortar en un 50% los salarios durante las bajas causadas por enfermedad o accidente, aunque el texto legislativo deberá regresar al Senado para una nueva ronda de votación. Según informó Europa Press, la eliminación temporaria de este punto no acalla las preocupaciones sindicales sobre el impacto del resto de las modificaciones.
Las críticas de la CGT se dirigieron también hacia los legisladores que respaldaron la iniciativa, a quienes acusaron de ser “cómplices de esta traición”. En palabras de Jerónimo, recabadas por Europa Press, “seguramente la política se va a poner nerviosa” ante la magnitud del rechazo mostrado por la huelga general y la continuidad de medidas de fuerza que el sindicalismo anticipa.
Durante la conferencia, los voceros gremiales reiteraron el llamado a la unidad de los trabajadores frente a las reformas estructurales que consideran perjudiciales para su seguridad y estabilidad laboral. Adicionalmente, alertaron sobre eventuales consecuencias que podrían producirse si el Senado ratifica la normativa, entre ellas la precarización de condiciones de empleo y la reducción de ingresos para miles de empleados, según publicó Europa Press.
El escenario se tensó por el cruce entre autoridades del Gobierno y líderes gremiales. Mientras desde el Ejecutivo se tildó de “extorsión” la huelga, la dirigencia sindical sostuvo que la protesta responde a un mandato expresado por la base trabajadora, defendiendo el derecho a la manifestación de manera legal y legítima. Según el balance presentado por la CGT y difundido por Europa Press, la adhesión de más del 90% en distintos rubros refleja la profundidad del rechazo a las medidas impulsadas por el oficialismo.
A pesar del contexto de alta conflictividad, la CGT ratificó que su “plan de acción” continuará ajustándose a los mandatos internos y que nuevas medidas podrán ser implementadas si se mantienen las políticas de reforma. Según Europa Press, la central obrera definió estos pasos como parte de una estrategia prolongada y no como un episodio aislado, indicando que el proceso de movilización obrera se encuentra en una etapa inicial.
Además del frente gremial, el debate parlamentario se posicionó en el centro de la agenda política a raíz de la aprobación parcial de la reforma. Según Europa Press, el Gobierno consiguió los votos necesarios mediante acuerdos con otras fuerzas que permitieron la sanción en Diputados, aunque la exclusión del artículo relacionado con las bajas médicas significa que la discusión no está cerrada y el futuro de la ley dependerá del análisis en el Senado.
El conflicto entre el sindicalismo argentino y el Gobierno nacional se manifestó con la paralización de actividades en sectores clave, la realización de conferencias de prensa y la reiteración de llamados a que el Ejecutivo escuche los reclamos sociales. Europa Press reportó que las negociaciones continúan en un marco de incertidumbre acerca de la aprobación final de la iniciativa y la posibilidad de que el plan de acción sindical derive en nuevas protestas o acciones legales.
Desde la CGT subrayaron que la defensa de los derechos laborales constituye el eje de su estrategia y que la movilización nacional no tiene precedentes recientes, según indicó Europa Press. El resultado de las discusiones parlamentarias y la respuesta del oficialismo serán determinantes para la continuidad del conflicto entre los principales actores sociales y políticos del país.