Las protestas en las inmediaciones de los juzgados de Corea del Sur reunieron a miles de personas que evidenciaron la polarización social tras el fallo condenatorio contra Yoon Suk Yeol. Según informó la agencia Yonhap, el expresidente surcoreano recibió una sentencia de cadena perpetua al ser hallado culpable del delito de insurrección por su decisión de declarar la ley marcial en diciembre de 2024, decisión que generó un fuerte debate nacional y múltiples manifestaciones a favor y en contra.
De acuerdo con Yonhap, el tribunal determinó que el decreto aprobado por Yoon constituyó una insurrección conforme al Código Penal surcoreano y que la imposición de la ley marcial supuso una violación a la autoridad del Parlamento. Los jueces indicaron que aunque "se reconocen los elementos del crimen", la sentencia a cadena perpetua fue fijada tras valorar diversos factores, entre ellos la ausencia de un plan detallado y la contención en el uso de la fuerza durante la ejecución de la ley marcial. La corte descartó aplicar la pena de muerte, tal como solicitó el equipo especial de la fiscalía encabezado por Cho Eun Seok, debido a la consideración de estos elementos atenuantes.
El grupo de fiscales que llevó el caso destacó la importancia del fallo, señalando que el veredicto representa un precedente en la aplicación de la ley frente a actos que amenazan el orden constitucional. Según consignó la agencia Yonhap, Cho Eun Seok y su equipo argumentaron durante el proceso que la conducta de Yoon al declarar la ley marcial no había tenido justificación legal, lo que configuró los elementos del delito por el cual fue condenado.
Por su parte, el equipo legal del expresidente, tras conocerse la sentencia, emitió un comunicado en el que reiteraron la inocencia de su defendido y denunciaron lo que describieron como un proceso judicial influenciado por factores políticos. Según publicaron diversos medios surcoreanos, los abogados afirmaron: "Esto ha sido una formalidad en un proceso cuya conclusión ya estaba predeterminada. La verdad saldrá sin duda a la luz en la historia judicial de este país. Nunca sucumbiremos a las distorsiones de la realidad y las mentiras, y lucharemos hasta el final". En ese sentido, manifestaron su desacuerdo con la condena, asegurando que mantendrán la defensa hasta agotar todas las instancias posibles.
El equipo legal denunció también la supuesta presión de sectores políticos sobre el sistema judicial. En su escrito, señalaron que el resultado del juicio había sido marcado por intereses ajenos a la justicia y expresaron su decepción por la que consideran una falta de independencia judicial. "Nos sentimos devastados por esta decisión y ninguna palabra servirá", agregaron, al tiempo que acusaron a los poderes políticos de utilizar el juicio como una herramienta para eliminar a la disidencia y manipular la opinión pública.
El fallo judicial establece que, bajo la ley penal de Corea del Sur, encabezar una insurrección puede ser castigado con la pena capital o la cadena perpetua, con la alternativa de exención de trabajos forzados. En el caso de Yoon Suk Yeol, se optó por la prisión de por vida, excluyendo la opción de ejecución, tras considerar su rol y el contexto del caso.
Tras la sentencia, el opositor Partido del Poder Popular (PPP), formación política a la que pertenece Yoon, emitió un mensaje público de disculpa a través de su portavoz parlamentario, Song Eon Seok. El partido reconoció "una gran responsabilidad por esta condena" y pidió perdón tanto a la ciudadanía como a sus propios militantes. El vocero expresó el deseo de que este proceso refuerce el Estado de derecho en Corea del Sur, subrayando que "todos son iguales ante la ley y que nadie está por encima de esta".
El partido agregó que realizará una reflexión profunda sobre las implicaciones políticas e históricas del caso, comprometiéndose a evitar que cualquier facción pueda poner en riesgo el orden constitucional del país. "Vamos a pensar en profundidad en todo esto a nivel político e histórico y trazar una línea contra cualquier facción que amenace el orden constitucional", manifestó Song Eon Seok según el reporte de Yonhap. Reiteró su intención de "servir a la población con humildad y restaurar la confianza para poder cumplir con su deber".
El proceso judicial y su desenlace desataron intensas reacciones sociales. Miles de personas se congregaron alrededor de los tribunales en Seúl tras la resolución judicial, agrupándose en manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo hacia el expresidente. La figura de Yoon Suk Yeol continúa dividiendo a la sociedad surcoreana. El alto número de asistentes a las protestas reflejó el grado de polarización existente y el impacto de la sentencia en diferentes sectores políticos y civiles del país.
El caso continúa abierto en tanto que la defensa de Yoon comunicó su intención de apelar, reafirmando su convicción en la inocencia del exmandatario y alertando sobre lo que consideran un precedente negativo en el sistema judicial nacional. Según sus abogados, la sentencia no representa una derrota definitiva y aseguraron que persistirán en sus esfuerzos legales para revertir el veredicto.