El Ejecutivo colombiano manifestó su intención de implementar tarifas arancelarias a más de una veintena de productos ecuatorianos como respuesta a la decisión de Quito, mientras la Comunidad Andina de Naciones (CAN) evalúa la demanda presentada por Bogotá. Según informó Caracol, el Ministerio de Comercio de Colombia promovió dos recursos ante la CAN con el objetivo de revertir el arancel del 30% que Ecuador estableció sobre productos colombianos, logrando que el organismo acepte una de las mociones, cuyo fin es que se reconozca la llamada "tasa" ecuatoriana como un "gravamen".
De acuerdo con los detalles publicados por Caracol, la CAN se encuentra ahora en la fase de investigación para determinar si la normativa ecuatoriana se ajusta a las reglas comerciales acordadas por los países miembros del bloque. Este proceso se inició luego de que el Ministerio de Comercio de Colombia interpusiera la demanda a raíz del nuevo gravamen que afectó las exportaciones nacionales desde que Quito implementó la medida.
En paralelo, según consignó el diario El Comercio, el gobierno de Gustavo Petro avanza en la redacción de un decreto para establecer aranceles a productos provenientes de Ecuador. Esta medida ha sido calificada como una respuesta recíproca mientras la CAN resuelve el litigio respecto a la naturaleza del impuesto ecuatoriano y su congruencia con los acuerdos de integración regional.
El gobierno ecuatoriano también hizo pública su postura, señalando en un comunicado a través de redes sociales que ya presentó tres procedimientos ante la CAN en defensa de sus intereses comerciales y en resguardo de lo que define como temas de seguridad. Según el pronunciamiento ecuatoriano, esas demandas responden tanto a supuestos incumplimientos de sentencias emitidas por el Tribunal Andino de Justicia por parte de Colombia, como a la implementación de políticas "incompatibles con los compromisos suscritos en el ámbito comunitario".
Tal como reportó El Comercio, Ecuador explicó que la imposición de la "tasa del 30%" a productos colombianos obedece a motivos de seguridad nacional. El pronunciamiento afirma que esa decisión se tomó ante la ausencia de "acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional". El texto hizo hincapié en que la medida no es únicamente comercial sino parte de una estrategia más amplia relacionada con la seguridad.
En su mensaje, Quito reiteró el interés en solucionar las controversias en el marco de la institucionalidad regional, asegurando que sus decisiones persiguen mantener un comercio bilateral con reglas claras y en condiciones de igualdad, además de subrayar el compromiso con la cooperación regional en materia de seguridad, difundió Caracol.
La controversia refleja tensiones tanto por cuestiones estrictamente comerciales como por diferencias en la interpretación de los mecanismos de cooperación en seguridad y cumplimiento de normativas comunitarias en la región andina. Los plazos y posibles consecuencias económicas de las medidas recíprocas siguen dependiendo del procedimiento que desarrolle la CAN y la respuesta de ambas administraciones a los dictámenes del organismo, señalaron tanto Caracol como El Comercio.
Mientras se desarrollan los procesos legales, los sectores económicos de ambos países monitorean el curso de las medidas, ya que la aplicación de aranceles adicionales podría afectar los flujos de comercio y la relación bilateral en un contexto donde la integración regional ha tenido históricamente un papel destacado en las economías de Colombia y Ecuador.