Bruselas, 16 feb (EFE).- Más de 70 organizaciones proinmigración han pedido a las instituciones de la Unión Europea que suspendan la tramitación del Reglamento de Retorno, la propuesta con la que la Comisión Europea pretende reforzar las expulsiones de personas migrantes en situación irregular.
La iniciativa, presentada oficialmente en marzo de 2025, forma parte del Pacto Europeo de Migración y Asilo y busca, según el Ejecutivo comunitario, armonizar los procedimientos de retorno, aumentar su eficacia y reducir la permanencia irregular en la UE mediante normas comunes de identificación, detención y expulsión.
En una declaración conjunta, impulsada por la ONG PICUM y Médicos del Mundo, los firmantes alertan de que el texto amplía las redadas migratorias en espacios públicos y privados, refuerza el uso de tecnologías de vigilancia y podría obligar a servicios públicos a colaborar con las fuerzas de seguridad.
"Las redadas migratorias no son nuevas en Europa, pero este reglamento ampliará y normalizará el perfilado racial, la vigilancia en los servicios públicos y operaciones similares a las del ICE en Estados Unidos, incluso en hogares privados", advirtió la directora de PICUM, Michele LeVoy, quien reclamó coherencia entre el discurso europeo en derechos humanos y las políticas internas de control migratorio.
A principios de marzo, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) votará un borrador sobre este reglamento que, según las ONG, incluye "medidas para detectar y detener personas indocumentadas en espacios públicos" propuestas por el Consejo de la UE.
Desde el ámbito sanitario, la representante ante la UE de Médicos del Mundo, Andrea Soler Eslava, subrayó que "las leyes centradas en detectar y deportar según el estatus migratorio tienen un impacto directo en la salud", ya que disuaden a mujeres embarazadas, menores y personas con enfermedades crónicas de acudir a servicios médicos, "lo que es inaceptable y supone también un riesgo para la salud pública". EFE
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