Sumar afea al Gobierno la falta de desarrollo normativo en España para adecuar documentación de migrantes trans

La ausencia de un desarrollo reglamentario específico para adaptar los documentos legales de personas trans migrantes en España ha suscitado preocupación en organizaciones que respaldan a la comunidad LGTBI, quienes advierten sobre episodios de discriminación y una falta de seguridad jurídica en trámites administrativos. Este retraso ha afectado incluso a individuos con estatus de asilo debido a su condición sexual o de género, quienes, pese a contar con el reconocimiento legal de su identidad en su país de origen y residir regularmente en territorio español, no han conseguido actualizar oficialmente sus documentos en España. Según publicó el medio que proporciona la información, la situación ha motivado un reclamo político formal y una revisión del marco legal previsto para garantizar estos derechos.

El grupo parlamentario Sumar, según consignó la fuente, criticó en el Congreso de los Diputados la ausencia de avances normativos en la puesta en práctica de la denominada Ley Trans. Las diputadas Viviane Ogou y Júlia Boada presentaron una serie de preguntas al Gobierno sobre el motivo por el que no se ha desarrollado el reglamento establecido en el artículo 50, destinado a asegurar la equivalencia de la documentación para migrantes trans que han completado la rectificación registral en sus países de origen y permanecen en una situación administrativa regular dentro de España.

La normativa, cuyo nombre completo es Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, establece en su disposición final decimonovena que el Ejecutivo está autorizado para dictar los reglamentos que sean necesarios para su aplicación. El plazo previsto para este cometido era de un año tras la entrada en vigor de la ley. Sumar recordaba en sus alegaciones que han transcurrido casi dos años desde ese momento sin que el Gobierno haya habilitado por vía reglamentaria los procedimientos estipulados en el artículo 50.2.

De acuerdo con lo registrado por la fuente, el artículo citado estipula que las administraciones públicas deben implementar mecanismos de adecuación en la documentación de extranjeros cuya identidad de género ya ha sido reconocida legalmente en su país de origen, siempre que se encuentren en situación administrativa regular en España. La ausencia de este despliegue normativo ha generado desigualdades de trato y cierra el acceso al reconocimiento legal pleno para personas que a menudo han solicitado protección internacional por haber sufrido persecución en su país.

Las diputadas de Sumar insisten, según informó la fuente, en la necesidad de saber si existe un calendario específico para la presentación y aprobación del reglamento pendiente y solicitan aclaración sobre el departamento del Ejecutivo encargado de introducir esa disposición normativa, especialmente en lo que concierne a competencias de la Administración General del Estado.

Organizaciones de apoyo a los colectivos LGTBI han aportado testimonios de casos en los que la falta de regulación ha perjudicado a personas beneficiarias de asilo por motivos relacionados con su identidad de género, que no han podido tramitar su cambio de nombre y sexo en España. Según alertaron a través del medio original, estos vacíos reglamentarios perpetúan situaciones de discriminación y dificultan la integración administrativa y social de los afectados.

El debate en torno a la aplicación de la Ley Trans y el desarrollo de su reglamento de adaptación documental para extranjeros ha adquirido mayor urgencia a la luz de la experiencia concreta de migrantes trans que, pese a contar con protección estatal y la anuencia de sus países de origen en reconocer su identidad, se ven impedidos de acceder a una documentación alineada con su realidad personal.