La propuesta presentada por Marruecos para el Sáhara Occidental contempla que el reconocimiento internacional del estatuto de autonomía no implicará ninguna tutela o supervisión internacional continuada sobre el territorio. De acuerdo con el documento elaborado por tres asesores reales, citado por medios como ‘Atalayar’, ‘Yabiladi’ y ‘Le Desk’, Rabat busca que una vez aprobado el estatuto en referéndum, la cuestión pase a ser asunto interno y quede fuera de cualquier fiscalización externa. Esta condición forma parte de una serie de mecanismos legales y políticos con los que Marruecos planea ofrecer un autogobierno a la excolonia española, bajo el liderazgo de una figura designada por el rey Mohamed VI, pero la propuesta genera serias dudas entre el Frente Polisario, Argelia y la comunidad internacional sobre la efectividad de sus garantías políticas y jurídicas.
Según publicó ‘Atalayar’, el plan detallado por Rabat responde a la exigencia de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sistematiza las bases de la autonomía para la antigua colonia, iniciativa cuyo primer borrador Marruecos presentó en 2007. La publicación de detalles de esta propuesta se produjo después de que altos representantes diplomáticos de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania participaran en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Madrid los días 8 y 9 de febrero, bajo la copresidencia del embajador estadounidense ante la ONU y el enviado especial para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.
En la propuesta, el jefe del futuro gobierno regional resultaría investido por el monarca “con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado”, como explicó el medio ‘Le Desk’. Esta figura, además de representar a la región, encarnaría la presencia del Estado y su autoridad en la zona. La iniciativa, como apunta Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter y citada por varios medios, presenta contradicciones de fondo, ya que prevé autonomía pero su máximo representante sería elegido, no por sufragio directo, sino ratificado por decisión real, replicando un mecanismo vigente en la política marroquí nacional, donde el monarca participa en el nombramiento del primer ministro.
La gobernanza regional, de acuerdo con los detalles adelantados por la prensa, recaería en una asamblea unicameral compuesta parcialmente por miembros elegidos por sufragio universal y parcialmente por representantes designados por las tribus saharauis reconocidas, empleando un sistema definido en ley orgánica. Se contempla también una cuota de participación femenina. El organismo tendría competencia plena en materias transferidas, entre ellas planificación territorial, desarrollo turístico, industrial y gestión pesquera, así como en servicios sociales, salud y educación. No obstante, cuestiones como defensa, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos denominados “de soberanía”, permanecerían bajo el control del Estado central. Cualquier competencia no asignada explícitamente a la región sería nacional, y existe una cláusula que permite suspender de forma temporal las competencias regionales si supusieran una amenaza para el orden constitucional, la integridad territorial o la continuidad institucional.
En el aspecto fiscal, la región autónoma podría recaudar impuestos y regalías derivados de sus recursos naturales, que incluyen abundantes reservas pesqueras, fosfatos y potencial para la generación de energía eólica y solar. Una parte de los ingresos obtenidos en la zona permanecería en la región y otra correspondería al Estado, aunque los porcentajes exactos aún quedarían sujetos a negociación. ‘Atalayar’ detalló también que las tierras tradicionales colectivas de las tribus saharauis contarían con protección legal, en tanto que las inversiones mineras y otros proyectos estratégicos resultarían regulados por un marco jurídico específico. Otras particularidades incluirían el requisito de aprobación conjunta para inversiones extranjeras, tanto a nivel regional como estatal, un asunto que, según la prensa, podría suscitar fricciones con Argelia, históricamente opuesta a la administración marroquí del territorio.
El plan menciona la creación de un comité permanente para organizar el retorno de los aproximadamente 173.000 saharauis que viven como refugiados en los campos de Tinduf (Argelia), según estimaciones de organismos humanitarios. Este organismo tendría el mandato de verificar identidades y filiaciones, con los detalles y condiciones de retorno por definirse en ulteriores negociaciones. Además, se incluye un mecanismo de desarme, desmovilización y reintegración para los miembros del Frente Polisario, aunque quedarían excluidos quienes hayan sido responsables de crímenes de guerra o contra la Humanidad.
La validación de toda la propuesta depende de su aprobación en referéndum, pero según ‘Le Desk’ y ‘Atalayar’, la consulta abarcaría a toda la población marroquí, en lugar de limitarse a los habitantes del Sáhara Occidental, como ha reclamado tradicionalmente el Frente Polisario y como fue previsto en la misión MINURSO de Naciones Unidas. Esta medida constituye uno de los principales puntos de desacuerdo, dado que, en palabras de la profesora Fernández Molina, la propuesta “no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación” y su aceptación por parte del Frente Polisario resultaría inviable, ya que supondría una renuncia total al derecho a decidir sobre la independencia, identificado por la experta como “suicidio político”.
Si el texto obtiene luz verde en el referéndum, se integraría en la Constitución marroquí mediante un título específico, y cualquier modificación posterior requeriría mayoría cualificada tanto en el parlamento regional como en el nacional y una nueva consulta popular. Además, el documento contempla una cláusula de irreversibilidad territorial, lo que excluiría explícitamente cualquier vía hacia la secesión, afirmando, según cita textual recogida por ‘Le Desk’: “La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia, sino como una solución definitiva”. Este enfoque refuerza la visión de Marruecos de asentar la integración del Sáhara Occidental en la estructura legal y política del propio país, sin margen para alternativas posteriores.
Las garantías jurídicas y políticas de la propuesta han sido motivo de cuestionamiento entre especialistas. Fernández Molina, en declaraciones recogidas por los medios reseñados, llamó la atención sobre la debilidad del Estado de derecho en Marruecos, citando el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, que otorga al país una puntuación de 3 en Estado de derecho, 2 en separación de poderes y 2 en independencia judicial. La profesora observa que, aunque el proyecto se fundamenta en elementos similares a modelos de autonomía vigentes en otros países, la ausencia de garantías sólidas plantea dudas sobre su viabilidad real. Además, subraya que la negativa marroquí a aceptar una supervisión internacional permanente implica que, tras la aprobación del estatuto, el Sáhara Occidental dejaría de ser una cuestión internacional para convertirse exclusivamente en un asunto interno, sin más papel para organismos externos.
El contexto de la presentación del plan, tras el encuentro diplomático en Madrid y bajo el seguimiento de la ONU y Estados Unidos, añade relevancia internacional a la propuesta. Según ‘Atalayar’, la divulgación del plan se puede interpretar como una maniobra para testar la reacción de la comunidad internacional y de los actores involucrados antes de proceder a cualquier implementación efectiva.