El Gobierno de Uruguay rescinde el contrato de las patrulleras con Cardama por "incumplimientos contractuales graves"

Durante el proceso de renovación de la garantía de fiel cumplimiento asociada a la construcción de dos patrulleras oceánicas, el gobierno de Uruguay identificó que el documento presentado carecía de validez o correspondía a un documento falso, según declaraciones oficiales recogidas por el medio Europa Press. Esta detección llevó al Ejecutivo a poner en marcha una investigación interna que destapó, además, irregularidades en la garantía de reembolso relacionada con el mismo contrato, suscrito con el astillero gallego Cardama.

Según informó Europa Press, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, comunicó públicamente la rescisión del contrato durante una conferencia de prensa. En su intervención, Orsi precisó que su administración no solo rescindirá el acuerdo por incumplimientos contractuales graves, sino que también iniciará acciones legales contra Cardama para reclamar una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Explicó que las garantías detectadas como irregulares eran requisitos esenciales para la vigencia del contrato y que esta situación comprometió la validez misma del acuerdo.

El contrato implicaba la construcción de dos patrulleras de vigilancia oceánica tipo OPV, con un valor aproximado de 82 millones de euros, y formaba parte de la estrategia del gobierno para renovar parte de su flota naval. Según publicó Europa Press, la administración uruguaya se vio forzada a tomar una decisión esta semana entre rescindir el contrato con el astillero español o proceder con otro desembolso económico destinado al avance de las embarcaciones. La decisión oficial se inclinó por la cancelación del acuerdo.

En la misma rueda de prensa, Orsi enumeró las acciones que emprenderá el Ejecutivo. Además de iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios, el gobierno planea recuperar el patrimonio estatal afectado, determinar responsabilidades tanto a nivel institucional como individual, y buscar nuevas alternativas para adquirir los buques patrulleros que sigue considerando necesarios para la seguridad marítima nacional, según consignó Europa Press.

El origen de la controversia se remonta a octubre, cuando el gobierno uruguayo anunció la suspensión del contrato tras detectar “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado”, reportó Europa Press. La investigación, que se desarrolló tras el hallazgo inicial de irregularidades, permitió confirmar que las garantías requeridas como elementos clave del contrato no cumplían con los estándares necesarios.

Por su parte, representantes de Cardama expresaron su desacuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo. Europa Press transmitió declaraciones de fuentes del astillero, quienes denunciaron la existencia de actuaciones que, a su juicio, se realizaron “de manera muy incorrecta”. La empresa adelantó que está analizando las vías legales a seguir ante la rescisión y manifestó su intención de actuar con criterios empresariales, asegurando que aguardarán el desarrollo del proceso para discutir los motivos y responsabilidades implicadas.

El caso abre varios frentes en el ámbito institucional uruguayo. El Ejecutivo busca identificar responsables internos e institucionales tanto dentro como fuera del país. Las autoridades centran también sus esfuerzos en evitar que situaciones similares se repitan en futuras contrataciones, colocando bajo revisión los procedimientos internos previos a la contratación y supervisión de contratos públicos, según los detalles aportados por Europa Press.

El contrato con Cardama era uno de los proyectos de inversión más significativos del sector defensa en Uruguay en los últimos años. El impacto financiero de su cancelación, así como las consecuencias legales tanto para Cardama como para funcionarios y entidades relacionadas, está siendo evaluado por las autoridades uruguayas, reportó Europa Press. Mientras tanto, el país mantiene la necesidad de renovar su flota naval, lo que implicará buscar nuevos proveedores que puedan garantizar las condiciones contractuales requeridas y la seguridad en las transacciones internacionales de este tipo.

Las investigaciones administrativas y las acciones legales anunciadas por el gobierno podrían prolongarse mientras se recopilan pruebas e información que permitan establecer responsabilidades precisas. Tanto el Ejecutivo como Cardama prevén futuros escenarios judiciales en los que se dirimirá la validez de las reclamaciones de cada parte, escenario que podría extenderse en función de la complejidad del proceso, tal como detalló Europa Press.