Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en el resto de la UE

“Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea”, advirtió el comisario europeo responsable de migración durante el debate en el Parlamento Europeo sobre la regularización extraordinaria prevista en España. Este señalamiento, citado por el medio Europa Press, sirve como eje del mensaje que la Comisión Europea trasladó este martes a raíz de la posible regularización masiva de migrantes en territorio español: el proceso, que corresponde en exclusiva al gobierno de España, no puede generar consecuencias negativas para el resto de los Estados miembros, como la migración de beneficiarios a otros países del espacio Schengen.

Según informó Europa Press, el debate giró en torno a la iniciativa española de regularizar a cientos de miles de migrantes en situación irregular, un asunto que ha generado división tanto en el hemiciclo europeo como entre los diferentes grupos políticos nacionales e internacionales. La Comisión Europea, a través de su comisario de migración, enfatizó que la migración en la Unión es un desafío compartido y que, aunque ciertas competencias recae estrictamente sobre los gobiernos nacionales, existe la obligación de no impactar negativamente a otros socios del bloque. El funcionario recordó que existen reglas claras que rigen los movimientos dentro del área Schengen y que, si un migrante regularizado en España se instala de manera irregular en otro país miembro, debe ordenarse su regreso al país donde obtuvo el permiso.

Europa Press detalló que la gestión migratoria debe sostenerse en una visión estratégica y controlada para la Unión Europea, garantizando que todos los permisos concedidos respondan a un sistema seguro y bajo control. El comisario remarcó que la cooperación sincera entre socios es un pilar del funcionamiento comunitario. Respecto al permiso de residencia concedido por España u otro miembro, manifestó que estos documentos no habilitan la libre movilidad sin restricciones por toda la UE y que los eventuales abusos deben abordarse enérgicamente.

El propio comisario, que semanas atrás señaló la medida española como una vía legítima ante la presencia de migrantes sin papeles y las demandas del mercado laboral, concedió en esta ocasión que se debe encontrar un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Subrayó que, en líneas generales, los migrantes en situación irregular en territorio europeo deben ser devueltos a sus países de origen. Además, recalcó que según las cifras actuales, solo uno de cada cinco migrantes irregulares es retornado, un índice que, en su opinión, debe invertirse para mantener la credibilidad de las políticas migratorias comunitarias.

Durante el debate, el comisario también hizo referencia a un descenso en las llegadas irregulares al bloque en los dos últimos años, lo que atribuyó a un refuerzo en el control de las fronteras exteriores y la implementación de nuevos sistemas informáticos de entrada y salida. Espera que el sistema, que estará completamente operativo en abril, permita una vigilancia aún más estricta en las fronteras exteriores del espacio europeo. “No es una casualidad producto de la geopolítica”, afirmó, defendiendo la eficacia de las recientes políticas y tecnologías de control migratorio.

Europa Press recogió diferentes posturas manifestadas a lo largo del pleno. Desde el Partido Popular Europeo y los grupos de la ultraderecha, las voces fueron especialmente críticas. Tomas Tobé, portavoz del PPE, caracterizó la regularización española como una estrategia política, que a su juicio persigue satisfacer intereses partidistas y mantener el poder del gobierno. Además, advirtió que la medida tendrá impacto más allá de las fronteras españolas y “socava” los esfuerzos comunitarios para fortalecer el control de la frontera común.

Por el contrario, la líder de los Socialistas y Demócratas, Iratxe García, defendió la regularización y criticó a quienes promueven el debate como un acto de desinformación para atacar al Ejecutivo. García subrayó que los potenciales beneficiarios ya residen en España y desempeñan funciones fundamentales para la economía, pero se les niega el acceso a derechos básicos.

Desde el Partido Popular, el eurodiputado Javier Zarzalejos se mostró en contra de regularizaciones masivas y de tomar decisiones unilaterales con amplia repercusión en el resto del bloque. Proclamó la necesidad de una migración legal gestionada bajo procedimientos acordados y revisados caso por caso, rechazando la idea de que “cinco meses de estancia generen arraigo”.

En el mismo sentido de defensa de la regularización, Ana Miranda del Bloque Nacionalista Galego se dirigió a la derecha y ultraderecha, afirmando que el enemigo no es quien llega en patera sino quienes perpetúan discursos racistas o de odio. Desde la ultraderecha Patriotas por Europa, representados por la húngara Kinga Gal, se acusó a la Comisión Europea de hipocresía por no iniciar sanciones contra España y se exigió un cierre tajante a las entradas irregulares.

El líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, criticó duramente al Ejecutivo español por la falta de datos precisos sobre el alcance de la regularización y sugirió que el verdadero fin de la iniciativa es obtener votos en futuras elecciones locales además de facilitar nacionalizaciones.

La eurodiputada Irene Montero, en nombre de la Izquierda europea, reivindicó la regularización como un asunto de derechos humanos, defendiendo que “los papeles son derechos” y recalcó la diferencia entre quienes ven personas en estos procedimientos y quienes identifican mano de obra explotable.

El medio Europa Press expuso que, tras estas posturas encontradas, el trasfondo del debate reside en la dicotomía entre el respeto a las competencias nacionales y la obligación de proteger los intereses y reglas comunitarias que rigen la movilidad y la residencia en la Unión Europea. Mientras distintas formaciones insisten en el impacto potencial de la medida española en la política migratoria común, la Comisión mantuvo su posición de vigilancia para asegurar que los planes nacionales como el de España no perturben el control migratorio ni la seguridad en el espacio europeo compartido.