El magistrado de un juzgado de instrucción en Gijón ha iniciado diligencias para determinar el comportamiento de un árbitro de Segunda División, quien regresó recientemente a dirigir encuentros oficiales tras haber sido detenido por acusaciones graves, entre ellas presuntos delitos de agresión sexual, coacciones y suplantación de identidad, según consignó el diario La Nueva España. Esta investigación judicial surge a raíz de una denuncia sobre un incidente que, conforme a la denunciante, tuvo lugar en Gijón semanas atrás e implicó, además, amenazas relacionadas con el estatus administrativo de la presunta víctima en España.
Según informó La Nueva España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la apertura de un expediente de investigación y suspendió “de toda actividad con carácter inmediato” al colegiado implicado después de que varios medios de comunicación informaran sobre su detención. El árbitro, de 33 años, fue arrestado, trasladado a declarar y posteriormente liberado con cargos mientras se esclarecen los hechos por parte de la autoridad judicial.
De acuerdo con la información publicada por La Nueva España, los acontecimientos por los que se investiga al colegiado incluyen una presunta agresión sexual cometida contra una trabajadora sexual. La denunciante sostiene que el árbitro, después de identificarse como miembro de la Policía Nacional y tras amenazarla por su “situación administrativa irregular en España”, habría ejercido violencia y coacción en su contra. Por estos hechos, el juez instruye el caso por los delitos de agresión sexual, coacciones y usurpación de funciones públicas.
El medio La Nueva España informó que, pese a la investigación en curso y luego de haber dado declaración ante la autoridad judicial, el árbitro volvió a ejercer funciones en partidos de la presente edición de LaLiga Hypermotion, la segunda categoría profesional del fútbol español. Según detalló este diario, los incidentes que motivaron la denuncia ocurrieron varias semanas antes de que trascendieran en los medios.
Por su parte, la RFEF, en un comunicado oficial recogido por La Nueva España, explicó que su intervención se produce “a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación” y tras tener conocimiento de la detención. La federación presidida por Rafa Louzán argumentó que la apertura del expediente y la suspensión provisional del colegiado responde a la necesidad de “aclarar los hechos publicados” y se fundamenta en las regulaciones internas del organismo.
El comunicado de la RFEF subraya que la suspensión del árbitro tiene carácter cautelar y permanecerá en vigor “hasta la resolución del proceso”. La federación no se pronunció sobre detalles concretos relativos al caso y remarcó que la medida busca salvaguardar tanto la imagen de la institución como el proceso de esclarecimiento judicial.
Fuentes consultadas por La Nueva España destacaron la gravedad de las acusaciones y la trascendencia pública que recayó sobre el caso tras la difusión en medios locales y nacionales. La investigación judicial prosigue en el juzgado de instrucción de Gijón, que analizará las pruebas y declaraciones para determinar la responsabilidad penal del acusado. La federación se mantiene a la espera de la evolución del procedimiento y, según reportó el mismo medio, no se prevé su reincorporación a las actividades mientras esté vigente la investigación penal.
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