La Fiscalía de Polonia emite una orden de arresto contra un exministro de Justicia asilado en Hungría

Según publicó la agencia Europa Press, el exministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, enfrenta actualmente una orden de arresto emitida por la Fiscalía polaca, ante la imposibilidad de localizarlo tras obtener asilo político en Hungría, donde se encuentra desde que el gobierno del primer ministro Viktor Orbán accedió a su petición de protección. La noticia principal gira en torno a la decisión de las autoridades polacas de intensificar la búsqueda de Ziobro, acusado de delitos económicos vinculados a la desviación de fondos públicos y presuntamente implicado en la dirección de una red criminal.

El Ministerio Público polaco, a través de un comunicado recogido por Europa Press, informó que no ha logrado llevar a cabo diligencias procesales en su contra, debido al desconocimiento de su paradero. Las autoridades señalan que la primera orden de arresto se emitió el 7 de noviembre de 2025, pero nunca llegó a ejecutarse, por lo que este viernes se resolvió dictar una nueva orden en virtud del artículo 279 del Código Penal de Polonia. La Jefatura de Policía de Varsovia será la encargada de coordinar los esfuerzos de localización y detención.

De acuerdo con Europa Press, Zbigniew Ziobro ocupó la cartera de Justicia entre 2015 y 2023, periodo durante el cual se investiga su eventual responsabilidad en la fundación y liderazgo de una organización criminal integrada por funcionarios públicos, que habría desviado más de 35 millones de euros. Las autoridades también examinan su posible implicación en actividades ilegales relacionadas con el uso del programa espía israelí Pegasus para realizar escuchas a periodistas y miembros de la oposición.

El abogado de Ziobro, Bartosz Lewandowski, se pronunció sobre la orden de arresto y la publicación de la imagen de su defendido en distintos medios, manifestando a través de sus redes sociales —según consignó Europa Press— que tales acciones, junto a lo que calificó como explotación política del caso, demostrarían que su cliente carece de garantías para un juicio imparcial en Polonia. Lewandowski sostuvo que la concesión del asilo político estaba plenamente justificada en vista de estas circunstancias. Añadió que, en su opinión, se estarían utilizando de forma desproporcionada las instituciones estatales, no para asegurar la adecuada marcha del proceso, sino para ejercer presión y estigmatizar a Ziobro, quien aún se presume inocente.

La dimensión internacional del caso aumentó las tensiones diplomáticas entre Polonia y Hungría. Waldemar Zurek, ministro de Justicia de Polonia, manifestó su rechazo a la decisión tomada por el Ejecutivo de Viktor Orbán, considerando que el asilo ofrecido a Ziobro representaba una intromisión de Budapest en procedimientos judiciales en curso. Por otro lado, Peter Szijjarto, ministro de Exteriores de Hungría, defendió la concesión del asilo, acusando al gobierno polaco dirigido por Donald Tusk de “perseguir a quienes piensan de manera diferente” y de buscar el encarcelamiento de opositores políticos.

Europa Press puntualizó que, aunque la orden de arresto se encuentra vigente, el paradero exacto de Ziobro en territorio húngaro permanece sin confirmar por las autoridades polacas. En este contexto, no existe hasta ahora confirmación sobre si será finalmente detenido o extraditado. El proceso continúa abierto, mientras se acumulan investigaciones en su contra, que suman un total de 26 posibles delitos. Las pesquisas incluyen el presunto uso indebido de programas de vigilancia contra adversarios políticos y la prensa, lo que ha elevado el perfil del asunto en el ámbito europeo y ha generado debates sobre la protección internacional, el respeto a los procedimientos judiciales y las fronteras de la inmunidad política dentro de la Unión Europea.

Finalmente, el caso ha propiciado una discusión pública y política tanto en Polonia como en Hungría sobre la legitimidad de las investigaciones, la separación de poderes y el uso de la figura del asilo político. Europa Press detalló que los respectivos gobiernos, a través de sus voceros y altos funcionarios, han intercambiado declaraciones en medios y plataformas oficiales, lo que subraya la extraordinaria dimensión bilateral de la controversia y el impacto que puede tener sobre las relaciones entre ambos países. La evolución de las pesquisas y las decisiones judiciales futuras determinarán el rumbo del caso y sus posibles derivaciones en los ámbitos judicial, diplomático y político.