Un grupo de diputados peruanos de izquierda registra la séptima moción de censura contra el presidente Jerí

José Jerí, mandatario interino de Perú, ha sido objeto de siete mociones de censura presentadas por diputados, quienes fundamentan sus denuncias en sus reuniones mantenidas con un empresario chino bajo circunstancias poco transparentes, así como en la falta de respuestas políticas frente a la inseguridad y la controvertida gestión de la petrolera estatal Petro-Perú. Según consignó el medio Europa Press, el bloque más reciente de la Cámara de Diputados registró el lunes una nueva petición formal para remover a Jerí de la Presidencia del Congreso, lo que, en la actual coyuntura institucional, implica también su destitución de la máxima magistratura del país.

Esta séptima moción, impulsada por el diputado Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, cuenta con el respaldo de varias formaciones de izquierda, incluidas las bancadas Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial y Bloque Democrático Popular, además de legisladores no agrupados y Edwin Martínez, de Acción Popular. En total, la iniciativa ha recibido el apoyo de 26 congresistas, dentro de una cámara compuesta por 130 miembros, detalló Europa Press.

El fundamento principal de la moción radica en la presunta "incapacidad moral permanente" de José Jerí, especialmente señalando las reuniones secretas mantenidas con el empresario chino Zhihua Yang —a quien Jerí identificó ante el Parlamento como ‘Johnny’—. Según explicó Europa Press, Jerí habría asistido a estos encuentros cubriéndose el rostro con gafas oscuras y una capucha, y salió de los mismos con regalos que incluían dulces y cuadros. Aunque ante los diputados Jerí negó la comisión de actos ilícitos, admitió la existencia de estas reuniones, aumentando el escrutinio sobre sus actuaciones.

Los diputados que impulsan la moción también critican la falta de estrategias oficiales desde el Ejecutivo interino para combatir la inseguridad, sobre todo en el ámbito del transporte, un área que ya enfrentaba problemas bajo el mandato de la expresidenta Dina Boluarte. Europa Press señaló que, tras asumir el cargo, Jerí prometió abordar este reto de manera prioritaria, compromiso que según los impulsores de la moción, aún no se concreta en acciones visibles.

Un tercer elemento clave en las denuncias se refiere al reciente decreto firmado por Jerí que habilita la privatización parcial de Petro-Perú. Los legisladores opositores afirman que, pese a que el Gobierno sostiene la urgencia de privatizar la empresa para evitar una supuesta ‘quiebra’, datos oficiales reflejan que la petrolera estatal mantiene un patrimonio neto positivo aproximado de 2.200 millones de dólares (1.852 millones de euros) al finalizar el tercer trimestre de 2025. El texto de la moción, según citó Europa Press, culpa no a la economía de la empresa sino a una situación de "estrés de liquidez" producto de decisiones de gestión desacertadas, endeudamiento excesivo y deficiencias en los mecanismos de control internos.

Los diputados consideran que el proceso de privatización promovido mediante decreto representa una salida improvisada, que desvía la atención del Ejecutivo sobre la necesidad de reformas profundas en la empresa estatal. Europa Press ha recogido las voces de los firmantes que acusan al Gobierno de Jerí de buscar una "indebida gestión de los recursos financieros del país", en medio de una emergencia nacional marcada por la violencia delictiva.

Las distintas mociones de censura presentadas contra Jerí permanecen a la espera de ser debatidas en el Pleno del Congreso. No se prevé una pronta resolución, debido al actual receso parlamentario que finaliza en marzo, salvo que se convoque una sesión extraordinaria, lo que solo podría ocurrir mediante una petición de al menos 43 diputados o por orden del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi. Europa Press constató que Rospigliosi ha rechazado hasta ahora cualquier intención de anticipar el reinicio de debates, obstaculizando así los intentos de destitución en el corto plazo.

Las acusaciones sobre “incapacidad moral” se suman al ambiente de tensión política que vive el país bajo la administración provisional de Jerí. El grupo de legisladores que impulsa la moción reclama que el Estado priorice la defensa de la seguridad ciudadana, ante lo que califican como una transferencia de recursos financieros carentes de sustento técnico y jurídico, ejecutada en parte por decretos de urgencia.

La discusión sobre el futuro de Petro-Perú y la gobernabilidad nacional se intersecta con la incertidumbre política generada por estas acusaciones y mociones de censura sucesivas. Europa Press documentó que las críticas a la administración de Jerí enfatizan la necesidad de políticas públicas concretas para atender la inseguridad, junto a una exigencia de transparencia y responsabilidad en el manejo de las empresas públicas.

En este contexto, la posible reanudación de las actividades legislativas en marzo adquiere importancia, ante la acumulación de iniciativas de censura y el impacto que tendría una eventual destitución del presidente interino, tanto para la estabilidad del Congreso como para la gestión del Ejecutivo y de las instituciones clave del Estado, como Petro-Perú.