El Grupo de Trabajo de Pediatría Social y Comunitaria de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha respaldado el criterio de que incluso estancias breves de menores en centros de detención migratoria pueden asociarse a impactos negativos en la salud y el bienestar de los niños, según palabras del doctor Ignacio Pérez Candás. Esta postura se suma a la declaración institucional y al posicionamiento expresado por la American Academy of Pediatrics (AAP), que insiste en que la privación de libertad y la separación familiar pueden acarrear consecuencias negativas, sobre todo en edades tempranas. El comunicado de la AEPap, divulgado en el contexto de recientes reportes sobre detenciones y traslado de menores a centros de custodia en Estados Unidos, exige poner fin a la detención de niños y adolescentes por motivos administrativos migratorios, reclamando opciones de acogida seguras y atención adecuada.
De acuerdo con la información publicada por la AEPap, su adhesión se fundamenta en la evidencia científica y en un enfoque centrado en los derechos de la infancia y la adolescencia. La organización subraya la necesidad de reemplazar la custodia administrativa por alternativas comunitarias que prioricen la protección, la estabilidad emocional y mantengan los lazos afectivos de los menores afectados por procesos migratorios. Este enfoque se presenta en un escenario internacional marcado por el resurgimiento del debate público y social, tras diferentes publicaciones que han detallado la situación de menores migrantes en tránsito y bajo la custodia de autoridades estadounidenses.
Según detalló la AEPap, entre las principales demandas dirigidas a las autoridades se encuentra garantizar condiciones que cumplan con los estándares de cuidado pediátrico en cualquier contexto de custodia temporal. Esto implica asegurar a los menores acceso efectivo a atención sanitaria integral, servicios de salud mental para la infancia y adolescencia, alimentación e hidratación adecuadas, abrigo, descanso suficiente, medidas de higiene apropiadas y mecanismos específicos de protección contra cualquier tipo de vulnerabilidad adicional.
El comunicado difundido por la entidad pediátrica española destaca la importancia de que existan sistemas regulares de supervisión independiente por parte de organismos ajenos a los gobiernos responsables de la custodia. Según la declaración recogida por la AEPap, es esencial que las autoridades informen de manera transparente y verificable sobre el número de menores afectados, el tiempo de duración en custodia y los eventos relevantes relacionados con la salud. Esta exigencia de transparencia busca evitar situaciones que pudieran incrementar daños prevenibles asociados a la detención.
De acuerdo al mismo pronunciamiento, la implementación de estos mecanismos de control debe complementarse con la rendición de cuentas de las autoridades y la publicación de informes claros. El objetivo es garantizar que las medidas adoptadas no sólo prevengan situaciones de daño psicológico o físico, sino que además promuevan escenarios donde la recuperación y el bienestar de los menores estén en el centro de las decisiones políticas y administrativas.
La AEPap también sostiene que los dispositivos públicos deben adoptar un enfoque sensible al trauma, coordinando las acciones entre sistemas sanitarios, servicios de protección infantil, centros educativos y recursos comunitarios. Este planteamiento, difundido tras la reiteración de la AAP sobre los efectos negativos de la detención de menores, apunta a fortalecer la continuidad asistencial y a reducir el sufrimiento de los menores sometidos a procesos migratorios.
El pronunciamiento de la asociación ibérica resalta que todas las medidas tomadas deben priorizar el interés superior del menor y asegurar una protección integral frente a cualquier situación que lo ponga en riesgo. La AEPap considera que, para ello, la coordinación intersectorial resulta clave y debe permitir el acceso eficaz a redes de apoyo, a la educación y a la atención especializada durante todo el tiempo que dure el proceso migratorio y hasta que se encuentren soluciones definitivas.
La entidad pediátrica, detalló que las demandas formuladas a las autoridades están respaldadas por el trabajo de especialistas en pediatría social y comunitaria, y por las evidencias acumuladas sobre los efectos del estrés tóxico y la separación familiar en la salud física y mental de los menores. El medio AEPap explicó que la condena a la detención de menores por condiciones migratorias responde tanto a motivos éticos y jurídicos como a la protección efectiva de la infancia ante realidades consideradas incompatibles con el cuidado y la atención pediátricas adecuadas.
De este modo, la declaración institucional de la AEPap, reproducida por diversos medios en las últimas semanas, se inscribe en la línea de los posicionamientos internacionales que abogan por el respeto de los derechos de la infancia y el rechazo de prácticas de reclusión administrativa para menores de edad, al tiempo que exige a los gobiernos mecanismos claros de supervisión y control.
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