Las negociaciones entre grupos parlamentarios para desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de personas migrantes terminaron sin avances con la llegada del verano, según detalló Europa Press. A pesar de múltiples reuniones impulsadas por la Secretaría de Estado de Migraciones, encabezada por Pilar Cancela, la propuesta que podría beneficiar a más de medio millón de personas quedó estancada en la Cámara Baja, situación que ha persistido desde 2024. El estancamiento contrasta con la aprobación y entrada en vigor, el 20 de mayo, del nuevo Reglamento de Extranjería, principal acción migratoria del Gobierno en el año.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicó que la reforma del Reglamento de Extranjería busca “simplificar y agilizar los procedimientos”, limitando la duplicidad de documentos y disminuyendo los tiempos administrativos, según consignó Europa Press. El nuevo reglamento establece cinco modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y la denominada de segunda oportunidad. Una novedad relevante es la reducción del tiempo de permanencia en España requerido para acceder a la regularización, que disminuye de tres a dos años en la mayoría de los casos.
El medio Europa Press detalla que la reforma también introduce criterios de homogeneización en los expedientes y pretende otorgar flexibilidad al conjunto del sistema migratorio. No obstante, esa flexibilidad genera preocupación en varias organizaciones de defensa de personas migrantes, como Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes. En conjunto, estas entidades presentaron en enero un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reglamento, alegando que el texto deja en un “limbo” administrativo a las personas que recibieron una denegación de asilo. Según constataron las organizaciones y respalda Europa Press, el tiempo que una persona solicitante de asilo permanece en España de forma legal a la espera de resolución no computa a la hora de solicitar residencia por vías ordinarias si su petición es rechazada.
Con el propósito de ofrecer alternativas a quienes quedan fuera de la reforma, el PSOE llevó en mayo una propuesta a los grupos parlamentarios en la Cámara Baja para regularizar a quienes hubieran llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, mediante una autorización “de circunstancias excepcionales única”, como reportó Europa Press. Sin embargo, los socialistas reconocieron que esta vía tampoco contemplaría a todas las personas en situación irregular, haciendo referencia en particular a quienes desistieron de solicitar protección internacional o enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La ILP de regularización, iniciativa que busca otorgar acceso a permisos de residencia por circunstancias excepcionales a más de quinientas mil personas extranjeras, había sido admitida a trámite a finales de 2023. Todos los grupos parlamentarios, con excepción de Vox, aprobaron su toma en consideración. No obstante, el entonces portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, expresó al Gobierno que su formación no concedería “cheques en blanco” respecto a la medida, según recoge Europa Press.
Durante las negociaciones, Pilar Cancela aseguró en declaraciones a Europa Press que dialogaron con todos los partidos salvo Vox, quien se manifestó en contra. El Partido Popular, mientras tanto, declinó entablar conversaciones con Moncloa sobre el tema y propuso debatirlo en la comisión correspondiente. Cancela expresó que, a su juicio, había “un avance muy importante” y que las diferencias que separaban las posturas no eran sustanciales, sino relacionadas con la redacción y el enfoque de la norma. Destacó que el estancamiento obedecía principalmente a dinámicas parlamentarias, de acuerdo con su valoración recogida por Europa Press.
La secretaria de Estado de Migraciones manifestó su esperanza de que las negociaciones puedan reanudarse de cara al próximo periodo de sesiones. En una entrevista concedida a Europa Press, afirmó: “Me parecería fantástico que pudieran hacerlo y que cuentan con nuestro total apoyo, seguimiento y participación activa en buscar una solución”, subrayando que la decisión, en este caso, corresponde a la soberanía del Congreso, pero que el Ejecutivo la respalda.
Mientras tanto, formaciones como Podemos y Sumar solicitaron al Gobierno que aprobara un Real Decreto para llevar a cabo la regularización sin esperar la tramitación completa en el Parlamento. Frente a esta propuesta, Pilar Cancela declaró en Europa Press que no era conveniente avanzar con nuevas medidas sin antes atender a una demanda ciudadana respaldada por amplios sectores sociales, y consideró que el Congreso tiene la obligación de dar respuesta. Aunque apostó inicialmente por agotar la vía parlamentaria, no descartó el decreto como posible alternativa “si luego al final eso no es posible, pues habrá que explorar otras posibilidades, pero creo que primero es el legislativo quien tiene que responder”.
Respecto al alcance de la reforma administrativa, Europa Press indicó que, si bien el nuevo Reglamento de Extranjería introduce mejoras procedimentales y reduce plazos, organizaciones especializadas advierten sobre vacíos en la protección legal para quienes quedan excluidos de los supuestos principales y resaltan la importancia de que los poderes públicos atiendan la diversidad de trayectorias migratorias.
Las posiciones de los diferentes partidos han mantenido bloqueada la ILP durante todo el ejercicio. Vox reitera su oposición frontal, el Partido Popular ha optado por ralentizar su tramitación y el PSOE se ha mostrado dispuesto a negociar matices cuando se logre consenso parlamentario, reflejando la compleja aritmética en el Congreso, indica Europa Press. Desde el Gobierno, la prioridad permanece centrada en construir la mayor mayoría posible para retomar el debate y alcanzar una solución que responda a las expectativas de los colectivos implicados y de las organizaciones que impulsaron la iniciativa.
Las organizaciones recurrentes ante el Tribunal Supremo insisten en que el nuevo reglamento no solventa la exclusión de quienes han sido rechazados como solicitantes de asilo, y resaltan el riesgo de que aumente el número de personas en situación administrativa irregular. El movimiento ciudadano y asociativo que impulsa la ILP subraya la necesidad de una regularización extraordinaria con alcance general, respaldada tanto por apoyos civiles como institucionales, y demanda la continuación de los trabajos parlamentarios para evitar que la tramitación quede en punto muerto.
El Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos, mostrando apertura a fórmulas parlamentarias o, en última instancia, a mecanismos administrativos alternativos si resultara inviable el acuerdo legislativo, según diversas declaraciones recogidas por Europa Press. La evolución de ambos procesos, la aplicación del nuevo reglamento y la tramitación de la ILP, marcará la agenda migratoria española en 2025, con más de medio millón de personas extranjeras pendientes de una posible regularización, en un contexto de intensa movilización de organizaciones sociales y expectativas de nuevos movimientos en el Congreso.
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