Beirut, 3 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) demandó este jueves responsabilidades por la masacre de miembros de la minoría alauita perpetrada hace un mes en Siria, tras verificar que al menos una treintena de las muertes a manos de las fuerzas progubernamentales fueron "deliberadas" e "ilegales".
"Milicias afiliadas con el Gobierno mataron a más de cien personas en la ciudad costera de Baniyas entre el 8 y el 9 de marzo de 2025, según información recibida por AI. La organización ha investigado 32 de estos asesinatos y concluido que fueron deliberados, dirigidos contra la minoría alauita e ilegales", denunció la ONG en un comunicado.
El mes pasado, grupos armados con vínculos al antiguo régimen de Bachar al Asad, también alauita, lanzaron una serie de ataques contra las provincias occidentales de Latakia y Tartús, lo que provocó una campaña de respuesta por parte de las fuerzas que le derrocaron en diciembre y de formaciones aliadas.
La oleada de violencia afectó a Baniyas, entre otras áreas de esas provincias, que fueron bastiones de los Al Asad durante su más de medio siglo en el poder.
Las pesquisas realizadas por Amnistía Internacional determinaron, en base al relato de testigos, que las milicias preguntaron a los residentes "si eran alauitas" antes de proceder a matarlos o amenazarlos, llegando en algunos casos a culparlos por las violaciones cometidas por el anterior régimen.
Posteriormente, las víctimas fueron enterradas en fosas comunes sin que las familias pudieran despedirles con ritos funerarios o ceremonias públicas, según la nota.
Por ello, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, pidió rendición de cuentas para los responsables de la "oleada de brutales asesinatos masivos", al destacar que las víctimas fueron disparadas "a sangre fría" desde distancias cortas y que las autoridades sirias no hicieron nada para parar la masacre durante dos días.
"Matar civiles deliberadamente o matar de forma deliberada a combatientes heridos, entregados o capturados es un crimen de guerra. Los Estados tienen la obligación de garantizar investigaciones rápidas, independientes y efectivas de alegaciones sobre asesinatos extrajudiciales", zanjó Callamard.
El Gobierno sirio creó un comité para investigar la oleada de violencia en Latakia y Tartús, pero hace diez días ya avisó de que se planteaba extender la pesquisa por dificultades para completarla en el periodo establecido de un mes, ante la peligrosidad de acercarse a algunas zonas y la reticencia de algunos afectados a hablar.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización con sede en el Reino Unido dedicada a informar sobre la violencia en Siria, informó el 11 de marzo de la muerte de 1.614 civiles en el estallido, mientras que la Red Siria de Derechos Humanos situó la cifra de fallecidos en 803 muertos, entre ellos al menos "211 civiles". EFE
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