La agencia anticorrupción de Corea del Sur ha trasladado a la Fiscalía las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora contra el suspendido presidente Yoon Suk Yeol por su controvertida declaración de la ley marcial y ha pedido formalmente su imputación por los delitos de insurrección y aviso de poder.
En total, la agencia --que no tiene competencias para confirmar la imputación-- ha remitido más de 30.000 páginas. Uno de sus responsables, Lee Jae Seung, ha lamentado ante los medios la falta de cooperación de Yoon, apartado del cargo, pese a los "graves cargos" que se le atribuyen como "líder de una insurrección".
"Dadas las circunstancias, hemos decidido que en lugar de seguir intentando interrogarle, será más eficaz que la Fiscalía, que tiene que decidir sobre la imputación, intente averiguar la verdad", ha explicado Lee, según la agencia de noticias Yonhap.
Además de Yoon, que permanece bajo custodia, la causa salpica también a otros miembros de su Administración como el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, que ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Constitucional en el que proceso que debe determinar paralelamente la legalidad del 'impeachment' de la Asamblea Nacional contra el presidente.
Kim ha restado valor a las acusaciones contra Yoon y ha negado, entre otras cuestiones, que ordenasen el asalto militar al Parlamento para impedir que los diputados pudiesen tumbar el decreto emitido el 3 de diciembre y que finalmente quedó anulado en cuestión de horas. Según el exministro, sólo pretendían evitar disturbios y garantizar una "entrada selectiva" en la sede legislativa.
Kim, acusado de recomendar la imposición de la ley marcial y de redactar el primer borrador del decreto, ha reconocido por otro lado que sí ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en las oficinas del principal partido de la oposición pero que retiró la propuesta por petición del propio Yoon. También se cayó del texto final un toque de queda.
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