Ciudad de Guatemala, 17 ene (EFE).- Un grupo de funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, cuya cúpula está sancionada por los Estados Unidos por corrupción y actos antidemocráticos, se reunieron con congresistas republicanos en Estados Unidos a tres días de la investidura de Donald Trump a la presidencia.
La Fiscalía informó este viernes que el subsecretario general Erick Schaeffer se encuentra en Estados Unidos para discutir temas de “cooperación bilateral”.
El representante de la Fiscalía guatemalteca se reunió con los congresistas republicanos Marjorie Taylor Greene y Tim Burchet, con quienes conversó sobre “fortalecimiento institucional de los Estados Unidos y del Ministerio Público”, según informó la entidad.
La jefa de la Fiscalía, Consuelo Porras, perdió su visa en 2022 cuando fue sancionada por los Estados Unidos acusada de actos de corrupción y de obstruir la justicia en casos de alto impacto.
En 2023, otros tres fiscales de alta jerarquía se unieron a la Lista Engel de los Estados Unidos, acusados de haber intentado anular la victoria electoral del presidente, Bernardo Arévalo de León.
Además, la Fiscalía confirmó que su subsecretario asistirá a la ceremonia de confirmación de Marco Rubio como Secretario de Estado de los Estados Unidos.
La semana pasada, la Fiscalía guatemalteca aseguró que el partido republicano invitó a Porras a una serie de eventos inaugurales en el marco de la toma de posesión de Donald Trump. Sin embargo, la fiscal sigue sancionada por el país norteamericano.
Durante el gobierno de Joe Biden, el departamento de Estado dirigido por Anthony Blinken decidió sancionar a más de 60 actores de la política guatemalteca retirándoles el permiso de ingresa al país por su vinculación a casos de corrupción.
En Guatemala, durante el primer año de Gobierno de Bernardo Arévalo de León, la Fiscalía continúo con procesos penales contra funcionarios y protagonizó una disputa con el mandatario.
El próximo año, Porras terminará su segundo periodo de cinco años frente a la Fiscalía guatemalteca, que según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado esta semana, ha sido utilizada para la persecución de opositores, periodistas, jueces y activistas. EFE
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