Demandan al Gobierno de Canadá por presuntamente violar los derechos de migrantes en centros de detención

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha aprobado una demanda colectiva contra el Gobierno de Canadá por presuntamente violar los derechos de los migrantes al detenerlos junto a sospechosos criminales mientras esperan el procesamiento de su estatus. La demanda, que solicita una indemnización de 100 millones de dólares (67,8 millones de euros) a repartir entre los demandantes, representa a más de 8.300 personas que fueron detenidas en 87 cárceles provinciales y territoriales por parte de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá entre 2016 y 2023. Los demandantes señalaron que la detención de migrantes es de naturaleza administrativa y no punitiva, si bien el organismo gubernamental lleva a cabo estas medidas desde hace "mucho tiempo", por lo que "esta práctica viola los derechos de los detenidos" y es contraria a las obligaciones de Canadá en materia de Derechos Humanos. El tribunal ha rechazado cada una de las objeciones planteadas por los abogados del Gobierno federal, quienes intentaban impedir que la demanda siguiera adelante. Por ahora, no han indicado si apelarán la decisión de la corte, según ha informado la cadena de radiotelevisión canadiense CBC. "Los inmigrantes detenidos fueron encarcelados en prisiones provinciales y enfrentaron las mismas condiciones que los reclusos criminales, incluyendo la convivencia con delincuentes violentos, el uso de restricciones como grilletes y esposas, registros corporales y severas restricciones de contacto y movimiento", ha indicado el juez Benjamin Glustein. Uno de los demandantes es Tyron Richard, que pasó 18 meses en tres cárceles de máxima seguridad diferentes de Ontario, desde enero de 2015 a julio de 2016. Estaba detenido por riesgo de fuga. Fue sometido a decenas de registros corporales, no se le permitió ninguna privacidad por parte de su compañero de celda o guardias, y le dificultaron la comunicación con sus seres queridos. La agencia fronteriza puede detener --en virtud de acuerdos con los gobiernos provinciales-- a ciudadanos extranjeros, incluidos solicitantes de asilo, si su identidad no se ha establecido lo suficientemente bien, si se los considera un peligro para el público o si se los considera un riesgo de fuga. Más del 80 por ciento de los detenidos fueron arrestados por riesgo de fuga.