Un tribunal de Guatemala ha condenado este lunes a cinco años de prisión a la reconocida exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien también tendrá que pagar una multa de cerca de 6.000 euros y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un plazo de diez años en el marco de un caso de revelación de información. El juez Moisés de León del Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango ha dispuesto que Laparra puede continuar en prisión domiciliaria si paga cinco quetzales (0,59 euros) diarios. Según la resolución, existen elementos probados a lo largo del debate sobre su responsabilidad en el delito del que se le acusa, considerando que era consciente de no poder revelar datos de una carpeta confidencial. Al concluir la lectura del fallo, Laparra ha manifestado estar agradecida con quienes le han acompañado a lo largo del proceso: "No me arrepiento de ninguna de mis acciones e impugnaré donde corresponde. Por los siglos de los siglos yo voy a seguir diciendo que me asiste la razón y que la justicia está de mi lado y esto no es justicia", ha afirmado, tal y como ha recogido el diario 'La Hora'. Amnistía Internacional ha denunciado que esta condena dictada "apenas 18 meses después de la primera" es "muestra del ensañamiento del Organismo Judicial y del Ministerio Público en contra de la exfiscal". "La condena de hoy lamentablemente es un ejemplo más de la persecución por motivos políticos (...) en contra de quienes han luchado contra la corrupción", ha declarado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer. Esta es la segunda condena contra Laparra. En diciembre de 2022, un tribunal de la Ciudad de Guatemala ya la condenó a cuatro años de cárcel en otro polémico proceso penal. Amnistía declaró presa de conciencia a la exfiscal por considerar que los procesos infundados penales su contra se debían únicamente a su trabajo en defensa de la justicia y los Derechos Humanos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha tratado de destituir a la fiscal general del país, Consuelo Porras, ante sus continuos intentos de revertir las elecciones presidenciales de 2023 y de entorpecer su toma de posesión. Sin embargo, el mandatario, en el poder desde principios de año, carece de atribuciones para destituirla. Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por persecución contra funcionarios judiciales, seguirá en el cargo previsiblemente hasta 2026, cuando termina su mandato.
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