La Corte IDH requiere al Estado peruano que no apruebe el proyecto de ley prescribe delitos de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha requerido este martes al Estado peruano que no apruebe el proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y que considera prescrito cualquier delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002, lo que incluye al expresidente Alberto Fujimori, que baraja presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales. El tribunal ha indicado que el Estado a través de sus tres Poderes ha de tomar "las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto" a fin de "garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas" de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta. Para ello, ha solicitado al Estado que debe presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento del requisito anterior antes del 9 de agosto de este año. Después, deberá informar cada tres meses contados a partir de la remisión del informe sobre las medidas provisionales adoptadas. También ha pedido a las representantes de las víctimas que presenten sus observaciones en un plazo de cuatro semanas. La Corte IDH ha considerado "necesario actuar en forma preventiva frente a un desacato de las sentencias emitidas por esta corte" en los mencionados casos, lo que "provocaría un daño irreparable en materia de superación de la impunidad, dejando sin efecto útil dichas sentencias". Tal y como ha concluido, "se configura una situación grave, urgente e irreparable" que "amerita" ordenar "la adopción de medidas provisionales". La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones, aunque es necesaria una segunda votación para su aprobación definitiva. El visto bueno de la norma paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori, y anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana. El exmandatario, que indicó recientemente que le fue detectado un tumor maligno en la lengua y que se encuentra hospitalizado por una operación de cadera tras una caída, fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.