Hong Kong, 17 may (EFE).- El presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA), Ronson Chan, anunció que no buscará un nuevo mandato después de tres años al frente, ya que tras recibir presiones, considera que su reelección "podría no ser la mejor opción" para el asediado grupo de prensa.
El responsable de la HKJA lamentó “tener que renunciar en contra de su voluntad”, y animó a sus colegas de profesión “comprometidos y con un profundo conocimiento de la situación actual den un paso al frente, apoyen a la organización y defiendan la libertad de prensa”, informaron este jueves por la noche diferentes medios locales.
Chan denunció este martes que tanto él como la asociación habían sido objeto de "informaciones falsas y difamaciones malintencionadas", como acusaciones de que la HKJA controlaba a reporteros adolescentes y de que él era un "extremista antipolicía".
Por otra parte, la HKJA se vio obligada a cancelar en el último momento un concierto para recaudar fondos el mes pasado, alegando una "fuerza incontenible" sin ofrecer más explicaciones.
La organización, que defiende la libertad de prensa en la antigua colonia británica, admitió estar afrontando dificultades operativas y financieras, y solicitó a la ciudadanía que continúe prestando su apoyo.
El veterano periodista también fue editor en el ya clausurado diario Stand News en 2021, cuando las autoridades lo acusaron de sedición y congelaron sus activos por un total de 61 millones de dólares hongkoneses (unos 7.204 millones de euros, 7.820 millones de dólares estadounidenses).
Hong Kong ha retrocedido hasta el puesto 135 de 180 países y territorios en el último índice de libertad de prensa publicado por Reporteros sin Fronteras, situándose entre Filipinas y Sudán del Sur.
Según esta organización, la libertad de prensa en la ex colonia británica “ha sufrido reveses sin precedentes desde 2020”, cuando Pekín impuso una controvertida ley de seguridad nacional para reprimir la disidencia política tras meses de protestas a favor de la democracia.
De acuerdo con un informe publicado por Human Rights Now, desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional hace más de tres años, unos 250 activistas y críticos del Gobierno han sido detenidos, más de 150 procesados y todos los acusados en juicios concluidos han sido declarados culpables, mostrando así la represión de la disidencia.
Asimismo, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han puesto fin a sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
En marzo de este año entró en vigor la nueva Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, o Artículo 23, que establece varios crímenes con pena máxima de cadena perpetua, incluyendo traición, insurrección, incitación al amotinamiento de las fuerzas armadas chinas o connivencia con fuerzas externas.
La reforma ha generado un intenso debate y ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que temen una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de ‘un país, dos sistemas’, fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad. EFE
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