Natalia Román Morte
Túnez, 27 feb (EFE).- Las familias de los opositores encarcelados por el llamado caso de 'complot contra la seguridad del Estado', en fase de instrucción desde hace un año, denuncian la instrumentalización de la justicia por parte del presidente tunecino, Kais Said, para reprimir cualquier movimiento contestatario o alternativa política desde que se hiciera con plenos poderes en julio de 2021.
El pasado 12 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la ola de arrestos de una cuarentena de figuras políticas, jueces, empresarios y periodistas; seis de ellos anunciaron una huelga de hambre para protestar contra la "fabricación" de sus procesos.
El constitucionalista Jaouhar Ben Mbarak, el exministro y secretario general de Corriente Democrática, Ghazi Chaouachi; el antiguo dirigente del partido Attakatol de nacionalidad española Khayam Turki; el exdirigente del islamista Ennahda Abdelhamid Jelasi; y el abogado y exasesor político Reda Belhaj; ninguno ha sido llamado a testificar desde su arresto y permanecen a la espera de su liberación o, en el peor de los casos, de un juicio justo.
La única liberada hasta la fecha, en julio pasado, es la activista y cofundadora del colectivo Ciudadanos contra el golpe de Estado, Chaima Issa, aunque los dos procesos contra ella continúan abiertos, uno de ellos ante el tribunal militar que le ha condenado a un año de cárcel sin cumplimiento.
La prisión deja secuelas, como relata Issa a EFE mientras prepara una nueva mudanza junto a su hijo y su padre, encarcelado durante el régimen autocrático de Habib Bourguiba (1957-1987) por su simpatía con el movimiento islamista.
Desde su salida, el juez decretó la prohibición de abandonar el país y de participar en cualquier actividad política en el espacio público, una medida que esta profesora universitaria se niega a acatar.
"Como opositores sabíamos que podían arrestarnos en cualquier momento, que iban a perseguirnos judicialmente, pero no me esperaba ese arresto al estilo de Hollywood con cincuenta policías acompañados de perros y armas a las puertas de mi casa. Creíamos que nos acusarían por nuestra acción política, por manifestarnos y criticar públicamente, jamás imaginamos que nuestra detención duraría más de una semana", rememora Issa.
Tampoco se esperaban ser acusados de 'terroristas' y enfrentarse a 17 cargos, que prevén incluso la pena de muerte aunque existe una moratoria de su ejecución desde la década de los noventa.
Al proceso judicial se suma el temor de convertirse en blanco de las autoridades. Debido a la constante presencia policial frente a su edificio, la militante ha tenido que abandonar el domicilio a petición de los propietarios y los centros de investigación para los que trabajaba en el extranjero le han cerrado las puertas.
Su caso, explica, es idéntico al de su compañero de filas, Jaouhar Ben Mbarek. Ambos realizaron las mismas declaraciones mediáticas y acudieron a las mismas reuniones para tratar de unificar una disidencia fragmentada y liderar el regreso a la vía democrática después de que el mandatario ratificara una nueva constitución de corte ultapresidencialista, aprobada en referéndum pese a una abstención del 70 %.
Las presiones sobre el poder judicial se reflejan en estas sentencias arbitrarias y los magistrados temen contradecir las órdenes del Ejecutivo a riesgo de ser acusados de 'complices', como advirtió meses antes el mandatario, señala la hermana de Ben Mbarek y abogada del comité de defensa, Dalila Msadek.
El último 'golpe' judicial llegó el pasado sábado con la sentencia de seis meses de cárcel contra este antiguo asesor político tras una denuncia de la comisión electoral por calumnia en base al decreto 54- calificado de represivo por las organizaciones humanitarias- contra las noticias 'falsas'. Su delito es haber declarado que las elecciones legislativas de 2022 "fueron un ridículo golpe de Estado más que un acontecimiento político".
Por ello, Msadek- encausada junto a otros dos letrados por sus declaraciones públicas sobre este caso- arrancó este sábado una huelga salvaje para denunciar la ausencia de una justicia independiente que respete el límite legal de 14 meses de prisión provisional, que concluirá este mes de abril.
Mientras tanto, la oposición sigue debatiendo su estrategia: boicotear de nuevo las elecciones presidenciales de septiembre o presentar un candidato común para evitar un segundo mandato de Said, al que acusan de considerarse a sí mismo un profeta enviado para transformar la manera de hacer política. EFE
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