Bogotá, 15 feb (EFE).- El juicio disciplinario contra el suspendido canciller colombiano, Álvaro Leyva Durán, por presuntas irregularidades en una licitación para contratar la fabricación de pasaportes comenzó este jueves en las instalaciones de la Procuraduría.
Leyva no asistió a la diligencia y fue su abogado, Yefferson Dueñas, el encargado de hacer los descargos y presentar las pruebas para desvirtuar las faltas disciplinarias investigadas.
La Procuraduría (Ministerio Público) suspendió el pasado 24 de enero por tres meses a Leyva Durán, por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para fabricar pasaportes.
"La Sala de Instrucción Disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes", manifestó en esa ocasión la procuradora general, Margarita Cabello Blanco.
Leyva acató la decisión hace una semana y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, como canciller encargado.
Luego de que se instalara la audiencia el abogado Dueñas presentó una recusación contra el procurador del caso, Ernesto Jesús Espinosa, por lo que considera la causal de "enemistad grave" y buscando que el funcionario judicial quede por fuera del caso.
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que "se recurrió a la figura de urgencia manifiesta" para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía "la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista" para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares).
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